Tarifas: ¿cómo es el proyecto que presentó Carrió en el Congreso?

La iniciativa señala que se prohíbe “incorporar en las constancias de facturación que las empresas prestatarias de servicios públicos brindan, cualquier cargo, tasa o concepto que no responda exclusivamente a los cargos por el consumo realizado”, calculado “según el cuadro tarifario vigente”.

El proyecto, que modifica la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, indica que los “únicos impuestos que podrán incluirse en el detalle de facturación serán el IVA e ingresos brutos en caso de corresponder”.

Además, señala que cuando una empresa de servicio público “con variaciones regulares estacionales” facture en un período de consumos que “exceden en un 75% el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores, sin considerar los aumentos producidos por las revisiones tarifarias integrales, se presume que existe error en la facturación”.

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En el mismo sentido, establece que “para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce meses anteriores a la facturación”.

En ambos casos, el usuario podrá abonar “únicamente el valor de dicho consumo promedio, debiendo tomar la empresa prestataria dicho pago como válido, al menos hasta que demuestre lo contrario” y prohíbe “expresamente disponer el corte del servicio”.

La líder de la Coalición Cívica expresó en los fundamentos del proyecto que la intención es “proteger al consumidor de los posibles abusos y excesos en los que incurran tanto las empresas prestadoras de los servicios, como así también las provincias y municipios”.

A criterio de Carrió, los Estados provinciales y municipales pueden emitir ordenanzas que “sujetan impuestos y tasas a un porcentual de los consumos, que en muchos casos no guardan relación a los consumos reales de los usuarios”.

“Debemos recordar que la provisión de agua, electricidad y gas resultan servicios esenciales y la aplicación de tasas e impuestos en gran medida colocan al usuario en la obligación de pagar un importe mayor al que consumió”, señaló la diputada.

Esta situación, según expresó, llega a colocar a los usuarios “en la situación de ver interrumpido el suministro de esos servicios esenciales ante la imposibilidad del pago de los mismos”.

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