El ex ministro de Planificación lo hizo a través de sus abogados, quienes plantearon ante el Tribunal Oral Federal 4 una serie de irregularidades que consideran se cometieron en la investigación.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió a un Tribunal Oral ser sometido a un juicio por “jurados de ciudadanos” en la causa por su presunta responsabilidad por la tragedia ferroviaria de Once.

Lo hizo a través de sus abogados, quienes plantearon ante el Tribunal Oral Federal 4 una serie de irregularidades que consideran se cometieron en la investigación.

El abogado Adrián Moloneay, defensor de De Vido, advirtió que su cliente “no ha tenido la oportunidad de tener un proceso regular y respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal de estas características”.

En ese sentido, sostuvo que De Vido fue enviado a juicio en base a acusaciones que habían sido construidas en el juicio anterior, en el que fueron condenados exsecretarios de Transporte de la Nación.

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“Denunciamos que una inédita instrucción exprés desconoció cada una de las etapas necesarias de un proceso penal: nunca fueron analizadas sus presentaciones, ni evaluados sus argumentos, y le fueron sistemáticamente denegadas todas las medidas de prueba que solicitó. En suma, llega a esta instancia sin haberse podido defender y sin contar con garantías de poder hacerlo en el juicio oral que se pretende llevar adelante si se continúa en estas condiciones”, argumentó la defensa de De Vido ante el Tribunal, donde el fiscal y las querellas ya ofrecieron las pruebas con las cuales pretenden juzgar al exfuncionario.

Y agregó que el objetivo es tener “un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial”.

Lo cierto es que -según indicaron fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias NA- en el fuero federal y la Justicia nacional no está regulada la realización de juicios por jurados, como sí sucede en otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

“La intervención de un jurado responde, en primer lugar, a la necesidad de dar cumplimiento a un mandato constitucional. En segundo lugar, la importancia de este caso impone la necesidad de que la sentencia sea dictada por un tribunal que no se vea sometido al inédito nivel de presiones que los poderes ejecutivo y legislativo vienen ejerciendo sobre el judicial”, indicó la defensa de De Vido en su presentación.

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