De todos ellos, diecinueve fueron removidos por la vía del juicio político, mientras que otros diez dimitieron antes de que la causa avanzara y uno murió durante el proceso. Todos los casos.

Desde que se creó el Consejo de la Magistratura (hoy, jueces nacionales y federales de todo el país votan a sus representantes en el organismo), en 1998 y tras la reforma constitucional, un total de 30 jueces dejaron el cargo mientras enfrentaban juicios políticos por mal desempeño en sus funciones. De todos ellos, 19 fueron destituidos por este mecanismo, mientras que otros 10 renunciaron antes de que la causa avanzara y uno murió durante el proceso, según documentos oficiales a los que accedió la agencia NA.

La herramienta

El objetivo de esta herramienta que tiene el Consejo es el de apartar de su trabajo a cualquier miembro del Poder Judicial que haya cometido irregularidades, pero no son investigaciones penales y los involucrados no van a la cárcel por estas denuncias.

La primera causa que llevó adelante el organismo fue contra Raquel Morris Dloogatz, del Juzgado Federal en los Criminal y Correccional de Morón.

La magistrada, acusada de encubrir a policías bonaerenses que pedían coimas a comerciantes ilegales para dejarlos trabajar, renunció en 1999 cuando comenzaba el denominado jury en su contra: luego fue condenada penalmente a cuatro años de prisión por estos mismos hechos.

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Quizás uno de los casos más recordados es el de Juan José Galeano, el cuestionado juez que estaba a cargo de la investigación del atentado a la AMIA: el magistrado había presentado su renuncia antes de que comenzara el proceso en su contra, pero ésta fue rechazada y finalmente el Consejo lo destituyó en el 2005. En la sentencia, de 400 páginas, se hizo mención a la “ilegalidad” del pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, el último propietario de la camioneta que explotó frente a la mutual judía en 1994.

Más tarde, Telleldín reconoció ante la Justicia que Galeano planificó el pago de ese dinero a cambio de que él diera una declaración falsa sobre el vehículo.

Más cerca en el tiempo, el último magistrado que fue desplazado de sus funciones fue el camarista Eduardo Freiler, señalado por favorecer con sus sentencias al kirchnerismo. El oficialismo impulsó la acusación en su contra y logró que lo destituyeran luego de que se comprobaran, entre otras cosas, una serie de irregularidades entre su patrimonio y sus declaraciones juradas.

Lo de Oyarbide

Distinto fue el caso del juez federal Norberto Oyarbide, que también tenía varias denuncias ante el Consejo pero renunció antes de que se pudiera convocar el juicio político en su contra. De acuerdo con el procedimiento, cuando el organismo recibe una denuncia por presunto mal desempeño, la comisión de Disciplina y Acusación es la encargada de investigar el caso: si se comprueban las irregularidades, los miembros de este grupo deben pedir el juicio político o jury y luego el plenario del cuerpo debe ratificar o rechazar esta solicitud. Si se aprueba, se convoca a un jurado de enjuiciamiento, integrado por dos jueces y un abogado que son elegidos en el momento a través de un sorteo público, y dos senadores y dos diputados, en ambos casos uno por la mayoría y otro por la minoría. Este tribunal, que se crea para cada caso específico y luego se disuelve, es el encargado de decidir si el acusado es culpable o inocente de los cargos.

De los 36 juicios políticos que fueron convocados por el Consejo, en un sólo caso, el del juez Julio César Miralles, el proceso no pudo avanzar porque el magistrado murió antes de que comenzaran las audiencias.

En tanto, solamente seis acusados fueron absueltos por el jurado de enjuiciamiento: Ricardo Bustos Fierro, Ricardo Lona, Tomás Inda, María Beatriz Fernández, Rubén Caro y Axel López. La parte acusatoria durante los debates en el jury es representada por dos consejeros sorteados por el plenario, mientras que la defensa de los acusados está a cargo de un abogado, como en un juicio penal común. Desde 1998 a la fecha, el organismo aplicó además 46 sanciones disciplinarias, muchas de las cuales fueron revocadas por la Corte Suprema de Justicia. La actual integración del Consejo, que preside el abogado Miguel Piedecasas, ha llevado adelante cinco juicios políticos que terminaron en una destitución, la del camarista Freiler, mientras que otros tres magistrados renunciaron y sólo uno fue absuelto.

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