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Los gremios realizaron la convocatoria para el próximo viernes y afectará a todas las universidades del país. Además, adelantaron que harán una nueva Marcha Federal cuando el Congreso trate la medida.
Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron a paro para este viernes y una masiva Marcha Federal, que se realizará en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para intentar revertir la decisión de Javier Milei.
La medida de fuerza de 24 horas fue anunciada por la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA.
La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la federación estudiantil más importante de Argentina, sostuvo que si “hay veto, hay marcha”.
“Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados. Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro”, concluyó en X.
La Conadu Histórica, en tanto, difundió un plan de lucha que consiste en una jornada de visibilización este jueves, un paro nacional Docente y no Docente el viernes y la Marcha Federal Universitaria “el día que el Congreso trate el veto”.
Con un mensaje más conciso, la Conadu también llamó a un paro y marcha por la Ley de Financiamiento Universitario, en contra del veto presidencial.
El secretario general de Fedun, Daniel Ricci, sostuvo que existe “un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”.
En el mismo sentido, alertó sobre la pérdida del salario en el sector: “El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor. Cada mes estamos peor”.
ADEMÁS: Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial Docente
Por su parte, desde Fatun, el secretario adjunto Jorge Anró señaló: “La universidad pública, con su rol fundamental de ascenso social y motor de desarrollo, se encuentra hoy en una situación crítica. Los recortes no son un simple ajuste contable, sino un ataque directo a la calidad de la educación, a la investigación y, en definitiva, a nuestro futuro como nación”.
La ley de financiamiento universitario había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.
La ley de financiamiento universitario contemplaba la actualización de partidas presupuestarias para universidades nacionales, hospitales universitarios, proyectos de ciencia y extensión. Además, reconocía la deuda salarial acumulada de docentes y no docentes, con un esquema de recomposición por inflación y actualización mensual.
Vetarlo implica ratificar la asfixia. Según datos de organizaciones académicas, el presupuesto universitario de 2025 ya era un 32% más bajo que en 2023 en términos reales. Con este golpe, el deterioro pasa a ser política oficial. El mensaje es transparente: que las universidades se arreglen con lo que hay, aunque lo que hay sea migajas.
El segundo veto apunta a la emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema. La ley votada asignaba recursos inmediatos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y vacunas, además de recomponer salarios del personal de salud y residentes. El Garrahan, principal hospital pediátrico de Hispanoamérica, funciona como red nacional de derivaciones: vetar su financiamiento no es solo un ataque simbólico, es un riesgo sanitario real.