Participaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad bonaerenses, y los intendentes de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Ezeiza, además de destacados especialistas.

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) fue sede de la Quinta Jornada de Capacitación y Debate sobre "Políticas de persecución penal estratégica del crimen organizado" que concitó el interés de profesionales, funcionarios públicos y autoridades provinciales y municipales.

La apertura estuvo a cargo del rector, Diego Molea; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; su par de Seguridad; y los intendentes de Lomas de Zamora, Federico Otermín; Almirante Brown, Mariano Cascallares y Ezeiza, Gastón Granados.

Para dar la bienvenida, Molea destacó la realización de estos encuentros que "son necesarios para pensar juntos", como también hacerlo en el ámbito de la universidad, al tiempo que afirmó que "en estos tiempos en los que nos atraviesa la individualidad y la inmediatez , estos ámbitos de reflexión nos permiten pensar cómo construir una sociedad mejor".

Por su parte, Mena, explicó: "En una realidad bastante líquida, efímera, nosotros le anteponemos a eso el debate crítico para, a partir de un análisis adecuado, lograr la mejor propuesta para modificar el estado de situación".

Alonso, en tanto, subrayó que "es fundamental la tarea de administrar lo punitivo, garantizar la justicia y el debido proceso, la construcción de seguridad también se relaciona con el futuro de las universidades".

"Atacar el problema del crimen organizado requiere de consensos y decisiones de todos los sectores de la política. No se puede tolerar la violencia de ningún tipo ni tampoco ignorar que el delito avanza cuando el estado se desfinancia, cuando no asume su rol de protector y cuando las medidas económicas generan pobreza y desigualdad”, expresó el jefe comunal lomense.

Participó de la actividad la decana de la Facultad, María Fernanda Vázquez, junto a funcionarios del gobierno provincial y municipales, autoridades de la Facultad y del Poder Judicial; docentes e investigadores universitarios.

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