Comenzó el juicio oral contra siete policías de la Subcomisaría de Domselaar

La fiscalía y las querellas, entre las que se encuentra la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, sostienen que los imputados participan de forma directa o por omisión en las agresiones. Los delitos que se ventilan en el debate incluyen castigos físicos y psíquicos graves destinados a castigar o amedrentar a los detenidos; tratos humillantes que afectan la dignidad de la persona; y omisión de los mandatos legales de protección y custodia de las personas privadas de libertad.

Entre los juzgados se encuentran tanto agentes que desempeñaban tareas operativas como autoridades jerárquicas que, al momento de los hechos, tenían la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de la subcomisaría. Los imputados son los efectivos Cecilia Ballerini, Juan Fernández, Rodolfo Morales, Emilce Ponce, Carlos Remuzzi, Jorge Rodríguez y Lucas Vizgarra. Durante las primeras jornadas del debate, el tribunal comenzó a escuchar los testimonios de las víctimas, quienes ratificaron las denuncias presentadas originalmente. Los relatos coinciden en describir un esquema de violencia física que incluía golpes de puño y la utilización de elementos contundentes, además de la falta de asistencia médica tras las agresiones.

Asimismo, la instrucción incorporó informes periciales del Cuerpo Médico Forense que documentaron lesiones compatibles con los relatos de los denunciantes al momento de ser trasladados de la dependencia. Este juicio es seguido de cerca por organismos de derechos humanos y representantes de la fuerza de seguridad, dado que pone bajo análisis el protocolo de actuación policial en dependencias descentralizadas del Conurbano y el interior bonaerense.

Desde la defensa de los uniformados, se ha planteado la inocencia de los efectivos, argumentando que las denuncias podrían estar motivadas por intentos de los detenidos de lograr traslados a otras unidades. Se espera que el debate se extienda durante las próximas semanas, con la declaración de peritos, otros agentes de la fuerza y testigos presenciales. De ser hallados culpables, los imputados podrían enfrentar penas de prisión perpetua, dada la severidad que el Código Penal Argentino reserva para el delito de torturas cometido por funcionarios públicos.