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La organización ecologista se manifestó contra los cambios en la normativa vigente que protege las reservas de agua dulce. El oficialismo busca avanzar con la media sanción.
La Policía Federal detuvo este jueves a doce activistas de Greenpeace que se manifestaban en las puertas del Congreso. Los manifestantes protestaban contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que el oficialismo pretende aprobar hoy en el Senado.
Durante el operativo, los activistas saltaron las rejas del Palacio Legislativo y se sentaron en inodoros sobre la escalinata principal como forma de protesta. En medio de los incidentes, también resultó herido y arrestado un camarógrafo que cubría la secuencia.
La actual normativa, que rige desde el año 2010, establece una prohibición total para las actividades extractivas en las zonas de glaciares y ambientes periglaciales, ya que se consideran reservas estratégicas de agua dulce para el país. Sin embargo, el nuevo dictamen impulsado por el Gobierno busca priorizar el desarrollo de actividades productivas, principalmente mineras e hidrocarburíferas, en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, facilitando la llegada de proyectos de inversión internacionales.
El punto más polémico de la reforma es que permitiría la explotación de recursos naturales en áreas de glaciares, siempre que se considere que estos no cumplen una función hídrica relevante. De convertirse en ley, serán las propias provincias las encargadas de determinar esa relevancia y de autorizar los estudios de impacto ambiental, otorgándoles un control que hoy está limitado por la ley nacional. Los últimos cambios introducidos por el oficialismo incluyen referencias a leyes de gestión ambiental y monitoreo de caudales, pero mantienen la esencia de abrir estas zonas a la industria.
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Desde Greenpeace lanzaron fuertes advertencias sobre el peligro de retroceder en los estándares de cuidado ambiental. La especialista en biodiversidad de la organización, Agostina Rossi Serra, explicó: "La protección de los glaciares no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas. Reducir los estándares de protección actuales, lejos de ser un avance, representaría un retroceso peligroso que compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras".
La organización sostiene que el desarrollo económico no puede sustentarse en la degradación de recursos básicos y esenciales para la población. En ese sentido, Rossi Serra advirtió: "La reforma de la ley ignora y vulnera gravemente los compromisos tanto nacionales como internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para las comunidades y ecosistemas".
Por qué hay controversia acerca de la Ley de Glaciares
El Gobierno nacional busca modificar la Ley de Glaciares (26.639) con el objetivo de atraer inversiones vinculadas a la megaminería y los hidrocarburos, redefiniendo qué áreas del ambiente periglacial deben ser protegidas. La propuesta de La Libertad Avanza intenta otorgar mayor autonomía a las provincias, basándose en el dominio originario de los recursos naturales que establece la Constitución Nacional.
Desde el oficialismo sostienen que la normativa actual genera inseguridad jurídica y frena proyectos de litio y cobre que son fundamentales para el desarrollo de provincias como San Juan, Catamarca y Jujuy. La intención es que la protección ambiental se limite únicamente a aquellos glaciares que cumplan una función hídrica "efectiva y estratégica". Según los legisladores que apoyan el cambio, se busca dar certezas técnicas que permitan compatibilizar el crecimiento económico con el cuidado del entorno, sin eliminar las auditorías correspondientes.
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Por el contrario, el bloque justicialista y diversos sectores ambientalistas rechazan la iniciativa. El principal argumento es que, de aprobarse la reforma, quedaría sin efecto la prohibición de actividades que dañen las cuencas hídricas, las cuales son las principales reservas de agua potable del país.
Esta situación ha generado una fuerte presión interna dentro del peronismo, especialmente en los senadores que representan a provincias mineras. Aunque la mayoría cuestiona el proyecto del Ejecutivo, algunos legisladores de zonas con potencial de explotación apoyan una flexibilización de las áreas protegidas para permitir el avance de obras locales. Hasta ahora, el interbloque opositor ha intentado mantener una postura que priorice el medioambiente, pero las necesidades productivas de sus territorios de origen marcan una división evidente.
Como respuesta al avance oficialista, el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto alternativo que busca blindar la ley vigente. Esta propuesta de la oposición tiene como ejes asegurar que el agua de los glaciares sea tratada como un recurso estratégico de interés nacional y priorizar su uso para el consumo y el riego. Además, el texto exige la actualización constante del Inventario Nacional de Glaciares para garantizar un monitoreo científico que proteja a las poblaciones frente al impacto del cambio climático.
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