El Colegio Público de la Abogacía apoya el sistema de concursos para jueces propuesto por la Corte Suprema

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el CPACF señaló que "el proceso de designación de magistrados constituye un acto complejo en el que intervienen los tres poderes del Estado, lo que naturalmente implica la presencia de consideraciones de distinta naturaleza. En ese marco, resulta fundamental que la etapa de concursos en el ámbito del Consejo de la Magistratura se desarrolle sobre la base de criterios técnicos, objetivos y de mérito, asegurando que la evaluación de los candidatos priorice su idoneidad profesional".

Además, los abogados de la Capital Federal, señalaron que "en ese sentido, la incorporación de criterios objetivos, reglas claras y mecanismos que limitan la discrecionalidad constituye un paso importante para mejorar el sistema". Y agregaron: "También resulta positivo el reconocimiento del ejercicio profesional como antecedente relevante, lo que contribuye a una mayor equidad en la participación de los abogados".

Por último, el CPACF sostuvo que "en el contexto actual, fortalecer procesos de selección más transparentes y basados en el mérito es fundamental para consolidar una justicia independiente e imparcial".

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La propuesta de la Corte Suprema

El 26 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación propuso una reforma integral del sistema de selección de jueces federales y nacionales con el objetivo de reducir la discrecionalidad política. La iniciativa fue enviada al Consejo de la Magistratura y plantea un nuevo esquema basado en evaluaciones más objetivas y reglas preestablecidas.

La propuesta busca acotar el margen de decisión política en la conformación de ternas, en un contexto de cambios en la correlación de fuerzas dentro del organismo encargado de los concursos.

.El nuevo modelo introduce modificaciones clave en el proceso de evaluación. Se establece un sistema de doble examen con anonimato reforzado, una primera instancia automatizada de conocimientos generales y una segunda etapa práctica centrada en la resolución de casos. Además, la entrevista personal pierde peso y su incidencia queda limitada a un máximo del 10% del puntaje total.

La iniciativa también impulsa concursos anticipados, que se realizarían antes de que se generen vacantes, con el objetivo de reducir la influencia del contexto político en cada designación. A su vez, se implementa una evaluación de antecedentes basada en criterios objetivos y verificables, junto con la digitalización completa del proceso mediante legajos únicos y auditables.

El reglamento ya fue elevado al plenario del Consejo de la Magistratura, que deberá aprobarlo con mayorías agravadas para su entrada en vigencia. Aunque existen otras propuestas en análisis, el proyecto de la Corte apunta a priorizar un sistema más técnico, con menor margen para la intervención discrecional en la selección de magistrados.