Frente al Municipio de Presidente Perón, con una fuerte custodia policial, los manifestantes exigieron frenar la medida hasta encontrar una "solución social" al problema de la tierra y la vivienda.

La solución al conflicto surgido tras la toma de terrenos en Guernica parece alejarse un poco más cada día. Luego de que la Justicia ordenara el desalojo del predio de 100 hectáreas, ayer cientos de sus ocupantes, acompañados por organizaciones sociales y partidos de izquierda, se movilizaron al Municipio de Presidente Perón para reclamar que se suspenda la medida "hasta que se encuentre una solución social al problema de la tierra y la vivienda para las 2.500 familias".

Frente a un edificio municipal muy custodiado, también exigieron que se "restablezca el funcionamiento de una mesa de negociación con los gobiernos nacional, provincial y municipal", la implementación de un censo y "se le dé tratamiento a la ley presentada en la Cámara de Diputados de la Nación que suspende los desalojos de tierras mientras dure la emergencia sanitaria nacional".

"Somos 2.500 familias necesitadas, con niños, jóvenes y adultos mayores que no tenemos dónde vivir. En este marco hace muchos días que sufrimos frío, lluvia, falta de agua, comida y el menosprecio de algunos medios que nos tratan peor que a criminales", remarcaron.

"Muchos de nosotros hemos sido expulsados de nuestras casas al no poder seguir pagando los alquileres y otras hemos tenido que huir de la violencia doméstica, algunos/as somos parejas jóvenes que vivimos hacinados en la casa de algún pariente, en medio de una pandemia mortal, donde nos dicen que nos quedemos en casa y guardemos distancia social y resulta que vivimos hacinados en un cuarto sin las mínimas condiciones de higiene", agregaron.

Tras repudiar el fallo judicial que ordenó su desalojo, los líderes de la toma aseguraron que aún "no se ha acreditado legalmente la posesión de justo título por parte de los que se dicen 'dueños' del predio", y adelantaron que sus abogados apelarán la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal de La Plata, que ratificó el fallo del juez de Cañuelas, Martín Rizzo,

"El único motivo que nos moviliza es llegar a un acuerdo en beneficio a estas 2.500 familias que lo único que reclaman es un terreno donde poder vivir, únicamente eso", dijo Yamila, una de las voceras de la toma de tierras.

Aparecen en esta nota:

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: RL-2018-58849696 - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - internet@dpopular.com.ar

Edición Nro. 15739

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados