La cifra aproximada que deberán abonar quiénes se conecten a las redes sociales o utilicen la popular aplicación de mensajería rondará los 200 chelines, aproximadamente dos pesos argentinos.
Cabe destacar que la excusa oficial para la aplicación del impuesto recae en la delicada economía del país africano, y el monto recaudado sería destinado para engrosar las arcas nacionales.
Por día, 17 millones de ugandeses tienen acceso a internet.
Pero los especialistas sospechan que el verdadero motivo para la implementación del tributo no sería de índole económica, sino política.
Restringir el acceso a las redes sociales es una herramienta que ataca la libertad de expresión y de información.
¿La polémica medida será imitada por otros países?