Más de 2.000 ex moderadores de Meta fueron a juicio por despido colectivo

El proceso quedó pendiente de sentencia y busca determinar si el cierre del servicio y el expediente de regulación de empleo acordado en abril de 2025 se ajustaron a la normativa. El sindicato FIST reclama que los despidos sean declarados nulos y sostiene que la decisión pudo estar vinculada con la creciente cantidad de reclamos laborales acumulados en el centro.

Los trabajadores habían denunciado durante años el impacto psicológico provocado por la exposición permanente a contenidos extremos. Entre el material que debían revisar había asesinatos, desmembramientos, torturas, violaciones, suicidios transmitidos en directo, abusos sexuales contra menores y videos de canibalismo, además de violencia de grupos narcotraficantes y maltrato animal.

La actividad en Barcelona comenzó en junio de 2018, cuando Meta, todavía bajo el nombre de Facebook, puso en funcionamiento un centro de moderación en la Torre Glòries. CCC Barcelona Digital Services contrató a cientos de personas de distintas nacionalidades para analizar contenidos de Facebook, Instagram y Messenger en decenas de idiomas. La compañía fue adquirida en 2020 por Telus International, actualmente Telus Digital.

La tarea consistía en aplicar las normas de las plataformas y determinar si una fotografía, un video o un texto podía permanecer publicado o debía ser eliminado. Sin embargo, los moderadores denunciaron que debían observar durante toda la jornada contenidos especialmente perturbadores, en algunos casos varias veces y de manera completa para establecer qué regla correspondía aplicar.

En octubre de 2023, una investigación de La Vanguardia recogió testimonios de trabajadores que describieron las consecuencias de esa exposición. Un empleado brasileño que había ingresado al centro a los 19 años relató que fue destinado al equipo de “alta prioridad”, donde debía revisar los casos más graves. Según su testimonio, comenzó a sufrir pesadillas, insomnio y ataques de pánico.

ADEMÁS: Trump minimizó el riesgo de la IA mientras crecen las alarmas en Europa y China

Otros empleados denunciaron ansiedad, depresión, estrés postraumático y graves problemas de sueño. Una moderadora argentina contó que había terminado trabajando específicamente con transmisiones de suicidios y que la exposición continuada la llevó a desarrollar pensamientos suicidas. Los trabajadores también cuestionaron las exigencias de productividad y la duración de los descansos.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo del gigante tecnológico.

En octubre de 2023, CCC/Telus tenía unos 2.030 empleados en Barcelona y reconocía una tasa de absentismo del 19,8%. Los trabajadores vinculados con los mercados latinoamericanos de habla española y portuguesa constituían los grupos más numerosos, con unos 800 empleados en cada uno. La empresa sostenía que disponía de psicólogos y espacios de bienestar, aunque los trabajadores consideraban insuficientes esas medidas.

La Inspección de Trabajo de Cataluña había iniciado una investigación en 2021 y, al año siguiente, sancionó a la compañía con 40.985 euros por deficiencias en la prevención de riesgos psicosociales. En enero de 2024, además, una sentencia consideró accidente laboral la enfermedad psiquiátrica sufrida por uno de los moderadores.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo español, que el 4 de marzo de 2026 dejó firme la resolución que vinculaba los trastornos del trabajador con su actividad laboral. El tribunal consideró determinante el visionado continuado de imágenes de violencia extrema durante toda la jornada y bajo fuertes exigencias de ritmo. El empleado había trabajado apenas ocho meses antes de iniciar una baja médica a la que no llegó a reincorporarse.

ADEMÁS: El riesgo país volvió a subir y las acciones argentinas caen en Wall Street

Mientras avanzaban esos reclamos, el centro de Barcelona llegó a su fin. El 2 de abril de 2025, Meta comunicó que dejaría de utilizar los servicios de moderación que Telus prestaba desde la Torre Glòries, una decisión que puso en riesgo unos 2.000 puestos de trabajo y derivó en el despido colectivo ejecutado entre abril y mayo.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá determinar si el cierre y los 2.062 despidos fueron consecuencia de la decisión empresarial de Meta de rescindir el contrato o si, como sostiene FIST, parte de la actividad fue trasladada a otros países europeos mientras se dejaba atrás a una plantilla que acumulaba más de 1.200 reclamaciones por diferencias salariales, daños a la salud mental y prevención de riesgos laborales. Las empresas niegan ese traslado y sostienen que la rescisión del contrato obligó a ejecutar los despidos por causas organizativas y productivas.