“En estas condiciones, no son seguros”, dijo la arquitecta Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación de Peritos Verificadores. Denunció que la gente capacitada no es convocada.
Para controlar los más de 150 mil ascensores que hay en la Capital el gobierno cuenta con un plantel de apenas 10 inspectores. Según la arquitecta Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación de Peritos Verificadores, se trata de personal “no profesionalizado” que realiza esa tarea mientras existe un registro integrado por ingenieros y técnicos habilitados que “no son convocados”.

En diálogo con este diario, Rodríguez dijo que “hace años que venimos planteando esta situación al  poder ejecutivo sin recibir respuestas. En estas condiciones, los ascensores no son seguros”. La especialista responsabilizó de esta situación a la Dirección Generalde Fiscalizaciones y Control de  Obras (DGFyCO), a cargo de Javier Ibáñez, de la que dijo que “pasamos por todos los jefes sin que nadie respondiera a nuestras preguntas”.

En este sentido, la profesional indicó que “hoy no es posible tener una cifra exacta de la cantidad de ascensores que hay en la Capital y tampoco sabemos por qué del cuerpo de verificadores de ascensores creado en 2003 nunca se ha llamado a nadie ni ha habido sorteos”.

Desde entonces, la fiscalización de los elevadores está a cargo de la DGFy- CO que realiza sus  trabajo con sólo 8 inspectores de los cuales uno es jefe y el resto debe cumplir las inspecciones en pareja, por lo que no se pueden realizar más de tres inspecciones por día para controlar un parque estimado en entre 150 y 200 mil máquinas.

“Además, ese personal no reúne los requisitos necesarios para hacer este tipo de controles, que deberían estar a cargo de ingenieros con competencias relacionadas a la mecánica”, explicó.

La realidad es que con el boom inmobiliario vivido en los últimos años el número de ascensores se multiplicó sin cesar sin que nadie sepa con certeza cuál es la cifra de estos. La situación motivó un pedido de informes presentado por el diputado Fernando Sánchez para que el Ejecutivo porteño especifique cuántos elevadores hay, cuántos de ellos están habilitados y cuántos son clandestinos.

Rodríguez explicó que “en esta materia prevalece un gran descontrol que facilita que las obras nuevas pongan a funcionar ascensores sin que estén correctamente habilitados”.

En la actualidad, según la la normativa vigente, el mantenimiento de cada ascensor está a cargo de empresas conservadoras que a su vez contratan ingenieros. Estos profesionales realizan las inspecciones mensualmente y firman una cartulina, que es la que se ve en la cabina del ascensor.

“Los usuarios creen que esto basta para que el aparato funcione de forma segura, pero esto no es tan así”, advirtió Rodríguez que explicó que “el profesional está obligado a firmar un libro que está en la sala de máquinas y donde debe asentar todas las novedades”.

“Nunca deberían hacer observaciones sin asentarlas en ese libro, ni realizar trabajos que no queden allí registrados. Pero estas cosas no siempre suceden y se consignan arreglos que no se hacen o se omite otros que son necesarios”, dijo Rodríguez, que agregó que “los consorcios suelen dejar el mantenimiento del ascensor para el final, privilegiando los gastos sobre cosas que son más visibles”.

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