La nueva marcha atrás del gobierno en materia de tarifas no alcanzó a solucionar el tema, ni mucho menos para amainar las críticas, que se expresaron ruidosamente en las calles. Pero el dinero hallado en una de las cajas de la hija de Cristina y el dictamen judicial, fueron las peores noticias para el kirchnerismo.

Más allá de la discusión contrafáctica de si la recomposición de tarifas fue más o menos gradual, está claro que la medida implementada en todos los servicios adoleció de un problema de origen al que ya nos hemos referido en más de una oportunidad, incluso cuando el ajuste era sólo un proyecto: haber ignorado los factores que hicieron que los anteriores gobiernos no pudieran aumentar las tarifas.

Una y otra vez los amparos los frenaron, y el argumento utilizado en cada caso fue la falta de audiencias públicas, conforme lo que establece la ley. El intento de simplificación de ese procedimiento –argumentando la realización de las mismas en años anteriores- era por lo menos endeble y así lo interpretaron los jueces que ya frenaron el aumento del gas, y van camino a hacer lo propio con el resto de los servicios.

Es precisamente lo que postergó en la Ciudad de Buenos Aires el aumento del precio del pasaje de subte. El Ejecutivo porteño debió frenarlo ante la advertencia de que no se había procedido a realizar la audiencia pública correspondiente, que tuvo lugar entonces el pasado 21 de junio. Un mero trámite que sólo demoró la implementación de la suba, que el gobierno porteño ahora sí está en condiciones de disponer.

El camino errado incluyó pasos en falso en la apelación a la Corte, que de todas maneras aceptó tomar el caso, pero resolverá recién en agosto, pasada la feria judicial. El gobierno tiene confianza en una resolución favorable, mas no ha tenido tantos aciertos en materia de presunciones, y además el tiempo corre. En el transcurso de este berenjenal en el que se ha metido, va dejando jirones de una imagen que, a pesar de todo, continúa siendo aceptable.

Lo que está claro es que la luna de miel es parte del pasado, y no serán pocos los que marquen el 14 de julio como un punto de inflexión, a partir de la concreción de la primera gran protesta contra el gobierno. Porque eso fue el cacerolazo organizado en las principales ciudades del país contra el tarifazo. Si bien desde el gobierno se preocuparon por evitar mostrarse minimizando la protesta, en privado así lo hicieron: todos los funcionarios consultados por este medio coincidieron en que esperaban una mayor movilización y que a las protestas les sobró militancia y les faltaron usuarios.

En efecto, quedó claro el tono político de la misma con la presencia de figuras de la oposición. El kirchnerismo sobre todo buscó explotar esas manifestaciones. De hecho, en las horas previas las únicas expresiones oficiales que se manifestaron respaldando la protesta fueron la bancada del Frente para la Victoria que conduce Héctor Recalde y la del Peronismo para la Victoria, conformada por los diputados recientemente escindidos del bloque K pertenecientes al Movimiento Evita, que más allá de las diferencias siguen defendiendo el modelo K.

Y como para dejar clara la existencia de un copyright kirchnerista en la protesta, se la denominó "ruidazo", cuestión de evitar el término "cacerolazo" que tanto resistieron en el pasado reciente.

Las consignas expresadas en algunos carteles, que más allá de la crítica a los aumentos insistía con el "Fuera Macri" y expresiones de ese estilo, flaco favor le hacían a la causa.

Amén de ello, las manifestaciones fueron de una importancia insoslayable, pero por esas horas la difusión de las mismas encontró una competencia poderosa, que a la postre prevaleció: las imágenes de la pila de dólares encontrada una de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner. La apertura de la misma había sido promovida por la propia joven con el objeto, dijo, de "terminar con el show mediático", y se daba por seguro entonces que no se encontraría allí gran cosa. Sobre todo a partir de trascender que el mismo día en que el juez Claudio Bonadio ordenó inhibir todos los bienes de la expresidenta, su hija había extraído 40 mil dólares de una de sus cajas de ahorro en el Banco Galicia.

Se dijo además que el 3 de marzo pasado Flor K retiró 1.125.000 dólares de una caja de ahorro, luego de que esa misma cuenta hubiera recibido una transferencia de 1.696.202 dólares provenientes de una cuenta propia.

Más allá de que el enriquecimiento de la joven -que nunca trabajó- proviene de la herencia de

Néstor Kirchner, cuyo reparto entre su esposa e hijos fue público y notorio, las cuentas parecieran no dar. Y en ese marco, el fiscal Gerardo Pollicita pidió el embargo preventivo de ese dinero, al entender que se trataba de una maniobra de su madre para evitar el embargo en el marco de la causa dólar futuro.

Ese fiscal supo de los rigores del kirchnerismo cuando el 13 de febrero de 2015 decidió imputar a la entonces presidenta de la Nación, al canciller Héctor Timermann, a Luis D'Elía y al diputado Andrés Larroque por la denuncia del fallecido Alberto Nisman por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA.

Pero mientras Cristina Kirchner difundía en su cuenta de Facebook -que tiene más de dos millones de "amigos"- una carta de su hija refutando imputaciones y cargando contra el gobierno de Macri, el juez Julián Ercolini daba un vuelco a la causa de la ruta del dinero K al dar curso al embargo solicitado y extenderlo al resto de las cuentas de Florencia hasta completar 5.696.144 dólares y

53.280 pesos, por considerar que hay elementos suficientes como para sostener la verosimilitud de lo que dice el fiscal, confirmando la sospecha de que el dinero en cuestión podría tener un origen ilegal.

Los detalles del dictamen del fiscal Pollicita, avalados por el juez, exponen el accionar de la expresidenta. Allí se da cuenta de que la apertura de las cajas de seguridad en el Banco Galicia a nombre de su hija se produjo el 3 de marzo de 2016, cuatro días hábiles después de que el juez Bonadio citara a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner en la causa dólar futuro. "El detalle de movimientos de las cuentas en dólares registradas por las nombradas en el Banco Galicia revela cómo entre los días 3 y 4 de marzo -previo realizar una importante operación de cambio de divisas por U$S 1.696.202,00 desde la caja de ahorro en pesos de Cristina- se extraen en efectivo un total de U$S 4.664.000 y los mismos son depositados por la propia Florencia en las cajas de seguridad a su nombre con una intención que no habría sido otra que la de evitar que sean cautelados", dice el fiscal.

Asimismo el 4 de marzo se acreditaron en la caja de ahorro en dólares de Cristina Kirchner 717.402 dólares, por el vencimiento de un plazo fijo. Y el 16 de marzo, otros 156.814 dólares. Ese total, 874.986,39 dólares, fue transferido el 29 de marzo a la caja de ahorro en dólares Nº 4004168-8198-1, a nombre de Florencia Kirchner.

Los movimientos financieros revelados desmienten los dichos de la propia Cristina, que la semana anterior había expresado luego de confirmarse públicamente que había redolarizado sus ahorros, que "como no tengo confianza es que decidí volver a dolarizar lo que en 2012 había pesificado".

Y dijo haber perdido con la devaluación propiciada por el gobierno, lo que llevó a más de un economista a cuestionar su habilidad financiera, pues con las altas tasas hubiera hecho negocio manteniendo los depósitos que en lugar de dolarizarse. Pero por lo visto, fue exactamente lo que hizo, pasándose a dólar más tarde, supuestamente por otras razones.

Una vez más los pesares judiciales del kirchnerismo le brindan un respiro al gobierno en momentos en que las complicaciones se le multiplican. Pero estaría errando de manera grave si ignorara las señales que viene recibiendo. Eso fueron las protestas contra el tarifazo. Y otra señal la tuvo un día antes, en el Senado, cuando la oposición en su conjunto se unió para asestarle al oficialismo un nuevo revés, al aprobar sobre tablas por 42 votos contra 13 los cuatro proyectos que reclaman suspender la suba de tarifas. Entre esos votos estuvieron los de los habitualmente aliados del Peronismo Federal y, llamativamente, Carlos Reutemann, que llegó a su banca en la boleta de Cambiemos.

Ese mismo día se aprobaron dos leyes apoyadas por el oficialismo y promovidas en Diputados por el massismo y el bloque Justicialista, favoreciendo a las pymes y a los autopartistas. Al día siguiente Sergio Massa, Oscar Romero -el mecánico titular del bloque Justicialista- y Miguel Pichetto, junto a otros referentes del peronismo no kirchnerista, festejaron juntos en Tigre. Otra señal que el gobierno no debe desatender.

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