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Política
04 | 08 | 2016
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Bonafini no irá a declarar y podría ser llevada por la fuerza pública

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La presidenta de Madres de Plaza de Mayo está citada a indagatoria por la causa "Sueños Compartidos" está pautada para hoy a las 10 pero reiteró que no piensa ir.

Bonafini no irá a declarar y podría ser llevada por la fuerza pública
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La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tampoco se presentará hoy a la segunda citación a declaración indagatoria que ordenó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa por el presunto desvío de fondos públicos de plan de viviendas "Sueños Compartidos". Así lo confirmó en diálogo con NA el abogado Eduardo Barcesat, histórico representante de la entidad, quien detalló que Bonafini "no va a ir" ni va a presentar ningún escrito ante al magistrado.

La indagatoria de la presidenta de la institución está fijada para hoy a las 10.00 en los tribunales federales de Comodoro Py. Según señaló Barcesat, Bonafini está al tanto de que el hecho de no asistir a la convocatoria habilita al juez federal a ordenar que sea llevada a declarar con la fuerza pública. De hecho, la presidenta de Madres todavía no designó a ningún abogado para que la represente en ese proceso, indicó el letrado.

Fuentes judiciales afirmaron a NA que la dirigente rechazó ser notificada de la segunda citación en su domicilio particular, por lo que se le comunicó la convocatoria en la sede de Madres de Plaza de Mayo.

El magistrado tiene previsto esperar unos minutos para ver si llega Bonafini a la audiencia y, de no hacerlo, se definirán los pasos a seguir, que podría ser la orden para ir a buscarla con la fuerza pública.

La primera indagatoria había sido pautada por Martínez de Giorgi para el pasado 7 de julio, pero días antes, al conocerse el llamado, Bonafini había anticipado que no asistiría, con duras críticas al magistrado. "No voy a declarar. Martínez de Giorgi, metete en el orto la declaración, porque no creo en esa Justicia, en esos jueces", había dicho la referente kirchnerista a mediados de junio pasado. En la causa se investiga el supuesto desvío de 200 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales en el marco del programa Sueños Compartidos, que era manejado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

José López se despegó de Sueños Compartidos

El ex secretario de Obras Públicas José López aseguró ayer que no tenía a cargo el control de los fondos públicos que se entregaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas y sostuvo que luego del escándalo de los hermanos Schoklender, en mayo de 2011, ordenó una auditoría que descartó el desvío de fondos. López, detenido por enriquecimiento ilícito, prestó declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py por esta otra causa que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y, en su descargo, negó la acusación en su contra basada en la falta de controles de esos fondos girados por la Nación.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi lo imputó por la falta de seguimiento de esos fondos públicos, ya que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió 748 millones, pero unos 206 millones fueron desviados hacia otros fines que no fueron la construcción de viviendas sociales.

Al presentarse ante Martínez De Giorgi, el ex funcionario dijo que el control de los fondos estaba a cargo -sobre todo tras la muerte en 2009 de Luis Bontempo, de Desarrollo Urbano y Vivienda- del subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y que una vez que los mismos llegaban a la jurisdicción donde se realizaba la obra, era el Municipio o bien la Gobernación la que se ocupaba de realizar el seguimiento.

"El seguimiento principal de la obra lo asume el subsecretario de Obras Públicas, quien desarrollaba el seguimiento, el control y aprobación de los certificados", añadió.

Y agregó que "el responsable jurisdiccional, provincial o municipal aprobaba el certificado de avance de obra, el cual una vez aprobado por la jurisdicción era enviado al organismo nacional".

"Los certificados de obra eran emitidos por la jurisdicción en su carácter de comitente de la obra, aprobados por ellos, y solamente era requerido el financiamiento que era el compromiso del Estado Nacional. Una vez que los fondos nacionales se enviaban a la jurisdicción, éstos pasaban a ser provinciales o municipales según correspondiera; y cuando la jurisdicción abonaba bajo su responsabilidad el certificado o la empresa contratada, ese fondo pasaba a ser privado", señaló.

Según sostuvo López, cuando renunciaron los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a la Fundación Madres de Plaza de Mayo (en mayo de 2011), ordenó una auditoría sobre las obras públicas en el programa "Sueños Compartidos".

Las conclusiones de la auditoría, revelaron que "el nivel de terminación de las obras era el adecuado y previsto en el convenio".

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