Desde Aranguren a Kicillof, pasando por los popes de la CTA, 373 expositores discutirán en la Usina del Arte el tarifazo al gas que, tras rebotar en la Justicia, obligó al Gobierno a una marcha atrás. La cumbre podría durar hasta el domingo y, así y todo, no necesariamente arrojará el precio que se pagará por el servicio
El 18 de agosto, la Corte Suprema dispuso que el Gobierno convocara a una audiencia pública, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (ENaRGas), para convalidar, o no, los aumentos en la tarifas de gas. Un día después, el Poder Ejecutivo anunció vía Boletín Oficial que realizaría el acto. Primero sería el 12 de septiembre pasado, pero la organización del "Mini Davos", según el oficialismo, retrasó la cita para hoy.  

El ENaRGas detalló este jueves que habrá 373 expositores autorizados. El primero de ellos será el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien contará con 20 minutos para fundamentar el aumento promedio del 203 por ciento anunciado el 5 de septiembre. Después del funcionario, intervendrán el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el ministro de Energía de Neuquén, Fernando Giliberti: ambos contarán con 15 minutos. A ellos los seguirán los representantes de las empresas encargadas de la distribución de gas, con 10 minutos.

Los restantes 354 oradores tendrán 5 minutos cada uno. Entre los inscriptos que harán uso de la palabra se encuentran el ex ministro de Economía Axel Kicillof; los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli; la legisladora del PTS Myriam Bregman; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

La cantidad de concurrentes podrá estirar el desarrollo de la Audiencia Pública hasta el domingo, tal como anuciaron los organizadores. 

Consulta acá la lista completa de expositores 

 

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¿Pero qué es una audiencia pública y para qué sirve?

La Constitución Nacional en su artículo 42 prevé que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno".   

Para eso, el artículo 46 de la ley 24.076, que regula la actividad, sostiene que "transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al ENaRGas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos". El mecanismo instituido para tal fin es la Audiencia Pública que se llevará a cabo hoy en la Usina del Arte.  

Ahora, ¿en la Audiencia Pública se determinará el precio justo del gas? No. El decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública dictamina que el resultado es de carácter "no vinculante". El fin del acto es establecer parámetros para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minería, implemente tarifas justas que satisfagan los costos de los transportistas y distribuidores sin perjudicar a los usuarios.   

El ENaRGas tendrá 10 días corridos para elaborar y presentar el informe de cierre con las conclusiones de la Audiencia Pública. De ahí en adelante, el ente contará con 30 días más para determinar el aumento fundamentado. Si las organizaciones que nuclean a los consumidores concluyen que la suba de las tarifas no es consecuente o no se ajusta a lo debatido en La Usina del Arte, el acto servirá para respaldar impugnaciones judiciales futuras. 

 
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Críticas a la Audiencia Pública

El punto que generó mayor controversia en torno a la organización del Gobierno de la Audiencia Pública fue la falta de información. "Esto es un verdadero despropósito. Es una audiencia que no se quiso hacer, debió hacerse con mayor antelación e información por parte del oficialismo. Se hace fuera del marco establecido por la Corte Suprema", sostuvo el economista y ex diputado Claudio Lozano a DIARIO POPULAR.    

Es que, según denunciaron distintos organismos, para que la convocatoria sea completa, el ENaRGas, tal como lo estableció el máximo tribunal en su fallo, tendría que haber publicado los costos del gas en boca de pozo –representan entre el 60 y el 70 por ciento de la factura final-. Es decir, cuánto cuesta antes de ingresar al sistema de distribución. Sin ese dato, los denunciantes aseguran que el debate no tendrá sentido.

"Nuestras expectativas no son significativas, sin saber esos números no se puede hacer un análisis", diagnosticó Mariano Lovelly, titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).

El miércoles pasado, el juez federal de La PlataAlberto Recondo, rechazó un amparo presentado por el CEPIS para aplazar la Audiencia. El magistrado sostuvo en su fallo que confía que  el Ejecutivo "entregue la información necesaria".

Ahora, la pelota la tiene el Gobierno. El desafío estará en satisfacer a los 373 participantes de la Audiencia Pública y a otros tantos que no fueron autorizados a exponer. Desde distintos sectores, mientras tanto, estarán atentos al cumplimiento de todos los requerimientos. En caso contrario, no descartan presentarse ante la Justicia para impugnar el acto.  

Cuestión de tiempo.

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