Francia se planta ante el acuerdo UE–Mercosur y advierte que no "condenará" a sus agricultores

En una entrevista con el semanario Journal du Dimanche (JDD), Genevard reafirmó las “líneas rojas” del Gobierno francés: una cláusula de salvaguardia agrícola, medidas espejo para impedir el ingreso de productos que no cumplan las normas sanitarias y ambientales europeas, y un refuerzo en los controles sanitarios. “Queremos apoyar a nuestros agricultores, y por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría”, insistió la ministra.

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El punto más sensible para París es el posible impacto de las importaciones de carne, azúcar, arroz y soja provenientes de los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- sobre los precios internos y la competitividad de los productores europeos. Genevard habló de la necesidad de “un freno de emergencia si el sector se viera amenazado por una caída masiva de los precios relacionada con una afluencia de productos importados”.

Garantías aceptadas por los socios del Mercosur

La funcionaria reconoció que aún hay “puntos sin aclarar”: “¿Quién decide? ¿Quién lo verifica? ¿Qué criterios activan el mecanismo?”. Y advirtió que, mientras esas garantías no estén “por escrito, validadas y aceptadas por los socios del Mercosur”, Francia mantendrá su posición contraria.

La tensión interna creció luego de que Macron, en una visita a Brasil, se mostrara “bastante positivo” sobre la posibilidad de aprobar el acuerdo, aunque prometió “mantener la vigilancia”. Sus declaraciones despertaron críticas entre los sindicatos agrícolas, la oposición y sectores del propio oficialismo, que acusan al presidente de ceder ante las presiones de Bruselas. Desde México, el mandatario intentó calmar los ánimos y aclaró que “Francia sigue esperando respuestas claras” antes de dar su aval definitivo.

Acuerdo negociado por dos décadas

El acuerdo UE–Mercosur, negociado durante más de dos décadas, fue validado por la Comisión Europea el 3 de septiembre de 2025, pero todavía debe ser ratificado por los 27 Estados miembros. Varios países, entre ellos Polonia, Austria, Irlanda, Hungría y los Países Bajos, comparten las reservas francesas sobre las consecuencias ambientales y sociales del pacto.

El tratado prevé un intercambio de ventajas comerciales: la Unión Europea abriría sus mercados industriales -especialmente para automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas-, mientras que los países del Mercosur ampliarían el acceso de sus productos agropecuarios al bloque europeo. Los defensores del acuerdo aseguran que promoverá el comercio y el crecimiento económico de ambas regiones, mientras que sus detractores alertan sobre el impacto ambiental y la pérdida de soberanía alimentaria.

Lula defiende el pacto

En América del Sur, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue uno de los más enfáticos en defender el pacto. Durante la IV Cumbre CELAC–UE en la ciudad colombiana de Santa Marta, Lula sostuvo que la eventual firma en diciembre “será una señal contra el unilateralismo” y una oportunidad para “revertir el papel de América Latina como simple proveedora de materias primas y mano de obra barata”.

“Tenemos un enorme potencial de profundizar nuestros lazos económicos. El acuerdo Mercosur–UE prueba que es posible fortalecer el multilateralismo también en el frente comercial”, afirmó el mandatario brasileño.

Según adelantó, la firma podría concretarse el 20 de diciembre, durante la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, aunque admitió que “persisten resistencias” dentro de la Unión Europea.

Para Lula, el tratado permitiría integrar dos de las mayores áreas de libre comercio del mundo, abarcando un mercado de 718 millones de personas y un producto bruto conjunto de 22 billones de dólares. “Necesitamos enviarle al mundo una señal de que dos regiones estratégicas están comprometidas con una agenda de paz, cooperación y desarrollo sustentable”, subrayó.

El contraste entre el entusiasmo brasileño y las cautelas francesas deja en evidencia la fragilidad de un acuerdo que, pese a haber sido negociado durante más de veinte años, sigue sin una fecha cierta de entrada en vigor. En el tablero diplomático europeo, Francia vuelve a posicionarse como el principal obstáculo para su aprobación.

Mientras tanto, en los despachos de Bruselas y París continúa una pulseada que enfrenta dos visiones: la de quienes ven en el acuerdo una herramienta para relanzar el comercio birregional, y la de quienes temen que su costo político y económico recaiga sobre los agricultores europeos.