La Justicia impide a Edesur cortar la luz a una fábrica de Quilmes

La empresa recibió facturas por un monto acumulado superior a los $174 millones: $91.956.961,49 correspondientes a agosto y otros $82.959.743,90 con vencimiento en septiembre. Para evitar la suspensión del servicio, la pyme tuvo que recurrir a un préstamo bancario por $100 millones.

La medida cautelar fue concedida por un plazo de respuesta de dos días y quedó sujeta a la presentación de una caución juratoria por parte de Protefilm. La compañía, además, solicitó la nulidad de ambos comprobantes y el reintegro de las sumas que ya había abonado, informaron fuentes judiciales.

Edesur acumula deudas por más de $ 3.657,68 millones.

En su presentación, la firma sostuvo que “la electricidad constituye un insumo indispensable para su actividad industrial” y que “la continuidad de la producción depende directamente de contar con el suministro energético”. También señaló que el aumento de los costos compromete seriamente su continuidad operativa.

Protefilm advirtió que la situación podría poner en riesgo 70 puestos de trabajo y planteó que los incrementos afectan derechos constitucionales como la propiedad, la razonabilidad y la libertad de ejercer una actividad lícita.

La empresa atribuyó las subas principalmente a los conceptos ACPOT, correspondiente al Ajuste por Servicio de Potencia, y CESTAB, Cargo o Ajuste por Costo de Energía Consumida, del Mercado Eléctrico Mayorista.

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Según la presentación judicial, esos conceptos registraron incrementos de entre el 150% y más del 300% respecto de períodos anteriores. La firma sostuvo que, en algunos casos, los cargos llegaron a igualar o superar el costo de la energía efectivamente consumida.

Protefilm también cuestionó la falta de documentación detallada por parte de Edesur y Cammesa sobre los parámetros utilizados para calcular los importes. La compañía consideró que esa ausencia de información impedía determinar con precisión el origen de los aumentos incluidos en las facturas.

Al resolver la cautelar, el juez Armella consideró acreditadas la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. El magistrado entendió que los montos exigidos podían poner en riesgo el patrimonio y el capital de trabajo de la empresa.

El juez también advirtió que intimar a Protefilm al pago de las facturas bajo amenaza de corte del suministro podía llevarla a una situación de cesación de pagos, concurso preventivo o quiebra. Por ese motivo, dispuso que Edesur mantenga el servicio mientras se analiza la cuestión de fondo.

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Después del fallo, el abogado de la pyme, Marcelo Szelagowski, sostuvo que la decisión reconoce la importancia del suministro energético para la estructura industrial. “Bajo el argumento de una supuesta liberalización del mercado, se trasladan directamente a la industria los costos derivados de los problemas y desequilibrios del sistema energético, lo que pone en riesgo la continuidad de numerosas empresas”, afirmó.

El reclamo de Protefilm se da en un contexto en el que la Unión Industrial Argentina también señaló al costo energético como uno de los principales problemas para el sector, especialmente para las pymes.

Según la central empresaria, varias empresas que aparecen como Grandes Usuarios de la Distribuidora recibieron facturas con incrementos del orden del 90% al 100% en el costo básico, lo que duplicó el valor del mes anterior y casi triplicó el de dos meses previos. En ese marco, la entidad destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista y pidió al presidente Javier Milei establecer cuotas para afrontar las facturas y prorratear los vencimientos.