La Unión Tabacalera PyMes Argentina (Untapya) denunció al legislador Héctor Bárbaro por convocar protestas contra el juez que declaró la inconstitucionalidad del impuesto interno a los cigarrillos.

Por medio de una extensa dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, la Unión Tabacalera Pymes Argentina (Untapya) presentó un pedido de información para saber si el diputado nacional por Misiones Héctor Bárbaro viene impulsando acciones en el Congreso para desconocer un fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo a los cigarrillos en relación a tabacalera Sarandí.

La Untapya manifestó su "extrema preocupación" ante las versiones de que Bárbaro "impulsa la movilización de agricultores tabacaleros de las provincias del NEA y NOA" hacia la Ciudad de Buenos Aires para repudiar al juez federal Enrique Lavie Pico por haber declarado "la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo" en una causa que afecta a tabacalera Sarandí.

En junio, Lavié Pico declaró la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la ley 27.430 en relación a Tabacalera Sarandí. La propia sanción de esa ley es analizada en otra causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo.

La unión tabacalera señaló además que las protestas que impulsa Bárbaro pretenden que el Congreso interceda ante la AFIP "para que, desobedeciendo un fallo judicial que resulta absolutamente válido y se encuentra plenamente vigente, ‘cobre' el impuesto declarado inconstitucional".

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Las acciones del diputado, indicó la entidad, "atentan contra los principios más básicos de nuestra vida democrática y republicana (...) la división de poderes y la independencia del poder judicial" impulsados por "intereses económicos en particular y en contra de algunos sectores productivos nacionales o hasta incluso de alguna empresa particular (...) como pareciera advertirse en el ya reiterado comportamiento del diputado Bárbaro".

Por último, la Untapya sostiene en su nota que el comportamiento del diputado misionero limita con "ilícitos penales" y podría, además, "configurar motivo de mal desempeño e inhabilidad moral" y plantea, en base al derecho de acceso a la información pública-, "se informe" si el legislador "ha realizado alguna manifestación, reclamo y/o presentación de cualquier tipo (...) en línea con los hechos denunciados".

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