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Por decisión de Milei, las centrales hidroeléctricas, que generan el 10% de la energía del país, volverán a manos privadas.
Tras meses de intensas negociaciones con los gobiernos de Neuquén y Río Negro, por decisión del presidente Javier Milei el Ejecutivo nacional oficializó la reprivatización de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue -Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila- que juntas generan alrededor del 10% de la energía eléctrica del país.
El decreto 718/2024, firmado por el presidente Javier Milei, fue el punto de partida para este proceso, luego de que en agosto de 2023 vencieran los contratos de concesión de 30 años. Durante la gestión anterior, la operación de las represas se prorrogó en siete oportunidades, mientras se debatía con las provincias la posibilidad de crear un ente estatal que administrara las centrales.
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Finalmente, el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para adjudicar la operación de las centrales por un período de 30 años. Según estimaciones oficiales, se espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares.
Neuquén celebró el acuerdo
El Gobierno de Neuquén celebró el entendimiento alcanzado y destacó que se trata de un reconocimiento histórico. En un comunicado oficial sostuvo: “En el acuerdo con Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como propietarias del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas desde hace más de 30 años”.
Entre los puntos más relevantes se fijaron criterios para la distribución de regalías sobre los ingresos por generación eléctrica y un canon específico por el uso del agua. También se establecieron plazos para realizar estudios técnicos y obras de seguridad ante crecidas, además de compromisos de las futuras concesionarias en materia de información hidrometeorológica y medidas preventivas.
Un recurso estratégico
Las represas hidroeléctricas del Comahue constituyen un activo estratégico: además de su peso en la matriz energética nacional, producen energía limpia a bajo costo en comparación con las centrales térmicas. Por esa razón, su administración y propiedad fueron objeto de fuertes tensiones entre la Nación y las provincias patagónicas desde el vencimiento de los contratos de concesión en 2023.
En los últimos meses, las gobernaciones de Neuquén y Río Negro habían reclamado ser reconocidas como actores centrales en la negociación, no solo por el uso del recurso hídrico, sino también por el impacto económico que la explotación de las represas tiene en las economías regionales.
Lo que viene
La licitación pública internacional abre ahora un proceso que podría extenderse hasta fines de 2025. De hecho, la última prórroga otorgada por el gobierno anterior para la operación de las represas se mantendrá vigente hasta el 30 de diciembre de ese año o hasta que finalice el proceso licitatorio.
Con este esquema, las empresas que resulten adjudicatarias asumirán compromisos de inversión y control técnico, mientras que las provincias recibirán regalías y un canon hídrico, además de contar con un rol más activo en la supervisión de las operaciones.
La reprivatización de las represas marca así un giro en la política energética nacional, donde el Gobierno busca atraer inversión privada, garantizar eficiencia operativa y al mismo tiempo reconocer derechos históricos reclamados por las provincias patagónicas.
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