El ministro de Energía, Juan José Aranguren, volvió a cuestionar el proyecto opositor y dijo que retrotraer las tarifas como establece la norma tendría un costo de 6.000 millones de dólares para el Estado nacional.

El costo de frenar los aumentos en los servicios de gas y de electricidad, que durante la jornada del miércoles se debatió en la Cámara de Diputados, sería de unos 6.000 millones de dólares, es decir el equivalente a un punto del PBI, de acuerdo a la estimación del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

“Si Diputados aprueba una marcha atrás estamos hablando de un costo de 120.000 millones de pesos, es decir que afectaría el ingreso en el orden de los 6.000 millones de dólares: un punto del PBI”, afirmó Aranguren en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

El ministro, quien participó de un seminario sobre el desarrollo masivo de Vaca Muerta, también relativizó las declaraciones de la diputada oficialista Elisa Carrió, quien afirmó a través de su cuenta en Twitter que Aranguren le había asegurado que no iba a haber aumentos de tarifas el resto del año.

Si bien refirió que habló con la dirigente de la Coalición Cívica por un pedido de informes que presentó la legisladora, Aranguren entendió que “es evidente que lo que va a pasar el resto del año no es importante, sino qué va a pasar hoy. No tiene sentido hablar de los próximos meses”.

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“El gobierno tomó una decisión y estamos viendo que la oposición está intentando lograr un retroceso al marco regulatorio vigente”, afirmó el ministro al ser consultado sobre la sesión que los bloques opositores lograron habilitar ayer por la tarde en el Parlamento para tratar el tema tarifas.

Para el ministro, el marco regulatorio del gas y la electricidad obliga a “recuperar las tarifas y los costos económicos” recordó el ministro, aunque advirtió que “es mentira que no cargándolo (el costo real de los servicios) a los usuarios nadie los paga”.

“Los paga la sociedad en su conjunto y basta mirar que en el caso del gas la Argentina tiene 13,5 millones de hogares y solo 8,1 millones tienen acceso a la red de gas natural”, ejemplificó al reiterar que “hay que lograr que el subsidio llegue al que lo necesita”.

En ese mismo sentido, agregó que “si todos los argentinos quieren ser subsidiados, tarde o temprano lo siguen pagando todos porque la diferencia la solventa el presupuesto del fisco y eso genera déficit fiscal”.

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