El episodio apuró una denuncia por usurpación. Desde Juntos por el Cambio pedirán aumentar las penas a estos delitos. Los ocupantes echaron a piedrazos a vecinos que intentaron desalojarlos

Más de 300 personas ocuparon terrenos rurales de la localidad bonaerense de Guernica, en el partido de Presidente Perón, lo que conllevó a que se radique una denuncia por usurpación y que diputados de Juntos por el Cambio, conscientes de este suceso y otros semejantes, presentaran un proyecto de ley que propone aumentar las penas para este tipo de delito.

La toma de las tierras, unas 15 hectáreas ubicadas en el fondo del barrio San Martín, provocó incidentes entre los ocupantes y algunos propietarios de campos cercanos que se acercaron al lugar para tratar de desalojar a las familias que allí se instalaron. Además, se tomaron terrenos en el barrio Villa Numancia.

En un video que se viralizó por las redes sociales puede observarse cómo los ocupantes arrojan palos y piedras a un grupo de hombres que se acercó a la zona a caballo para intentar desalojarlos.

Si bien una fuente de la municipalidad explicó que "se espera una resolución de la Justicia a partir de la denuncia radicada en la fiscalía y la policía local", desde Juntos por el Cambio le contaron a Diario Popular que un puntero de Ariel Giménez, concejal de Frente de Todos en Presidente Perón, y "nexo entre los movimientos sociales y la intendenta Blanca Cantero, fue uno de los que organizó las tomas de terrenos".

Asimismo, explicaron que desde el Municipio "no se hicieron presentes" y confirmaron la existencia de un "enfrentamiento entre dueños de las tierras y los usurpadores".

Por este motivo, y tras varios casos de usurpaciones en el Conurbano, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto que propone aumentar las penas para quienes usurpen propiedades y terrenos, tanto públicos como privados.

Se trata de una iniciativa que busca modificar la actual pena de prisión del delito de usurpación, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis.

La diputada Adriana Cáceres, autora del proyecto, explicó que "en pleno contexto de pandemia y cuarentena, las fuerzas de seguridad tienen puesta la mirada en su cumplimiento, pero esto hace que muchos vecinos de la Provincia se sientan solos ante este tipo de casos".

"Muchas veces la toma de tierras trasciende la necesidad de un lugar para vivir y tiene un motivo económico, en el que aquellos que llevan adelante la usurpación comercializan los terrenos a personas vulnerables. El objetivo del proyecto es castigar a las mafias organizadas que llevan adelante las tomas para luego hacer negocios. Es por eso que planteamos el aumento en la pena y el cumplimento con prisión efectiva", agregó.

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