El ministro de Economía Luis Caputo recordó que ya lo han investigado, pero en relación al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner
El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con dureza al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que el mandatario provincial advirtiera que el funcionario nacional será investigado cuando el peronismo regrese al poder.
“Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre. Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios”, escribió Caputo en su cuenta de X, en una respuesta directa a los dichos del gobernador.
La polémica se originó tras una entrevista que Quintela concedió a Infobae TV, donde anticipó que una futura administración peronista investigaría a integrantes del actual Gobierno. “Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”, afirmó el mandatario provincial.
Caputo reaccionó de inmediato y recordó las acusaciones que sectores del kirchnerismo impulsaron contra su entorno familiar tras el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente”, sostuvo el ministro.
El cruce se produjo además en medio de una discusión política más amplia sobre el futuro del peronismo y una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof. Horas antes, Caputo había afirmado que “el kirchnerismo no es una opción en la Argentina. Puede pasar cualquier cosa, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Axel Kicillof nunca va a ser presidente”, una declaración que generó malestar entre dirigentes alineados con el gobernador bonaerense.
En la misma entrevista, Quintela cuestionó duramente al Gobierno nacional y acusó a sus funcionarios de desconocer la realidad de las provincias. “No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero”, señaló.
El gobernador riojano también apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y contra el proyecto de Súper RIGI que impulsa la administración de Javier Milei. “El RIGI, por ejemplo, es una entrega total de la riqueza nuestra. Total, absoluta. Y el superRigi más todavía”, afirmó al rechazar la iniciativa destinada a promover inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales y regulatorios.
La Rioja es una de las provincias que decidió no adherir al RIGI. A diferencia de distritos como Catamarca y San Juan, que avanzaron con proyectos mineros de gran envergadura vinculados al régimen, la administración de Quintela optó por mantenerse al margen y no promovió la aprobación legislativa necesaria para incorporarse al esquema.
“Nosotros no estamos en contra de las inversiones, pero sí de un sistema donde ellos se la llevan a toda y las provincias quedan con muy poco”, había argumentado previamente el mandatario provincial para justificar la decisión de no sumarse al programa impulsado por la Casa Rosada.
La referencia de Caputo a las acusaciones contra su familia remite a una controversia surgida en octubre de 2022, cuando, en el marco de la investigación sobre la agrupación Revolución Federal, aparecieron pagos realizados por una empresa vinculada a familiares del actual ministro a Jonathan Morel, uno de los referentes de ese espacio.
El caso cobró relevancia después del atentado contra Cristina Kirchner, cuando sectores del oficialismo buscaron determinar si existían vínculos o financiamiento detrás de los acusados.
En ese contexto, Agustín Rossi, entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia, presentó una denuncia judicial basada en publicaciones realizadas por integrantes de Revolución Federal que incluían amenazas contra la vicepresidenta. La presentación fue incorporada a la investigación que llevaba adelante la jueza Eugenia Capuchetti y derivó en múltiples especulaciones políticas sobre posibles conexiones entre los acusados y sectores opositores.
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