La cantante colombiana reconoció su deuda al Fisco español de más de 14 millones de euros y evitó ir a prisión al pagar una multa. Aún continúa otro proceso en la que se la investiga por una defraudación por 6 millones.

Shakira logró un acuerdo con la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña para evitar ir a la cárcel por su fraude de 14,5 millones de euros a Fisco Español.

La cantante colombiana reconoció todos los hechos que se le imputaban y aceptó una condena a tres años de prisión y una sanción económica total de unos siete millones trescientos mil euros, aunque la pena de cárcel le fue sustituida por una multa de 432.000 euros.

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La artista, de 46 años, llegó a la Audiencia de Barcelona minutos antes de las 9, vistiendo un traje rosa y con grandes lentes de sol,. Durante la sesión, Shakira admitió su culpabilidad y aceptó -sin reclamos- las penas impuestas, de tres años de prisión en suspenso al pagar importante una sanción económica y según el acuerdo, una multa superior a los 7.3 millones de euros, correspondiente al 50% del total del fraude.

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La cantautora y bailarina colombiana admitió su responsabilidad en los seis delitos contra la Hacienda pública española por los que estaba acusada. Anteriormente, había devuelto a la Agencia Tributaria los 14,5 millones de euros defraudados entre 2012 y 2014, cuando eludió el pago de impuestos al simular que residía fuera de España.

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Tras la ratificación del acuerdo, en el cual Shakira admitió su culpabilidad, la colombiana explicó a través de un comunicado que “después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra" y además, remarcó sus "discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal”.

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Este no es este el único problema judicial que tiene Shakira por presunta evasión de impuestos. Un juzgado de Barcelona (del municipio de Esplugues de Llobregat) la está investigando desde julio de este año, a raíz de otra querella de la Fiscalía que la acusa de defraudar en más de seis millones en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y del impuesto de patrimonio de 2018, a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

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