La jueza Paola Cabezas Cescato declaró inconstitucional el traspaso de los terrenos que el club le compró a la Corporación Buenos Aires Sur. La transferencia de tierras se concretó sin previa aprobación de la Legislatura porteña

El proyecto del nuevo estadio de Boca Juniors recibió un gol en contra. Un fallo de la jueza Paola Cabezas Cescato, a cargo del juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 11, declaró inconstitucional el traspaso de las 3 hectáreas en Casa Amarilla que el club xeneize adquirió el año pasado de Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado.

La sentencia desactivó por completo la toma de posición de los predios que el club inició en las últimas semanas y restableció la cautelar que Boca logró anular en diciembre pasado.

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Si bien, el control de los lotes correspondía a la mencionada Corporación Buenos Aires Sur, los predios pertenecen al Estado de la Ciudad y cualquier posibilidad de venta debe discutirse en la Legislatura porteña.

Boca acordó pagar por los terrenos en Casa Amarilla cerca de $180 millones. Como al club se le otorgó un régimen especial de pagos a efectuar en el término de una década, hasta el momento apenas abonó una $9 millones por la compra.

El destino de los terrenos

En su traspaso del Instituto de la Vivienda (IVC) a la Corporación Buenos Aires Sur se determinó que los lotes solo pueden ser destinados para albergar alternativas habitacionales o vinculadas a la salud y la educación. Así, queda excluida la posibilidad de emplazar un estadio deportivo, como desea Boca.

Al parecer, los asesores de Daniel Angelici, el presidente de Boca, trataron de interpretar estas limitaciones en su favor y delinearon durante 2015 -antes de la última elección del club- una plan que contemplaba la construcción de un complejo polideportivo para intentar adecuarse a la normativa.

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Sin embargo, la verdadera intención fue reconocida por el propio Angelici en tiempos de campaña, que implicaba construir un nuevo estadio con capacidad para 80.000 espectadores sentados.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad impulsó una serie de denuncias contra funcionarios públicos alegando que la venta no fue más que una entrega ilegal de esa superficie. La primera medida en contra de esta maniobra fue una cautelar que Angelici hizo anular en diciembre pasado.

La decisión de Cabezas Cescato vuelve a desactivar el proyecto más ambicioso de un dirigente que pretende otro destino para la Bombonera.

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