La AFA respondió a la IGJ, negó irregularidades en sus balances, denunció desidia del organismo y afirmó que el cambio de jurisdicción fue legal y aprobado.

La Asociación del Fútbol Argentino salió al cruce de la Inspección General de Justicia tras las intimaciones y declaraciones públicas del organismo estatal por presuntas irregularidades en sus balances. A través de un comunicado, la entidad que preside Claudio Tapia negó haber eludido controles o incumplido obligaciones y acusó a la IGJ de construir un relato falso.

La AFA aseguró que respondió en tiempo y forma a la intimación y que presentó toda la documentación contable correspondiente a los ejercicios 2017-2023. También aclaró que el cambio de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires fue aprobado en Asamblea, fiscalizado por veedores de la propia IGJ y debidamente notificado y certificado por el organismo, sin objeciones previas.

Según detalló la entidad, la IGJ participó de todo el proceso y el cambio de jurisdicción quedó inscripto oficialmente en noviembre de 2024. En ese marco, rechazó de manera tajante las versiones sobre una supuesta “fuga” para evitar controles y calificó de “objetivamente falso” cualquier señalamiento de ilegalidad.

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Uno de los ejes centrales del comunicado fue el cambio de jurisdicción. La entidad desmintió que se haya tratado de una maniobra ilegal o encubierta y explicó que la decisión fue aprobada en asamblea, fiscalizada por veedores de la propia IGJ y posteriormente certificada por ese mismo organismo. Incluso, recordó que en noviembre de 2024 la Inspección emitió el certificado de vigencia que permitió completar la inscripción en la Provincia de Buenos Aires, trámite que luego fue aprobado y notificado formalmente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Nuevo comunicado de la AFA con una frase de Juan Domingo Perón

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La AFA sigue en el ojo de la tormenta.

La AFA sigue en el ojo de la tormenta.

En su comunicado, titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA sostuvo que presentó todos los balances en los plazos correspondientes y que solo recibió una observación formal, la cual fue respondida. Además, denunció que otros requerimientos nunca fueron notificados conforme a la ley y que varios expedientes fueron archivados sin explicación.

La entidad apuntó contra demoras de hasta tres años por parte de la IGJ en el análisis de la documentación y mencionó irregularidades administrativas, como expedientes incompletos o sin foliado. También negó haber rechazado exhibir información, como habría afirmado el Inspector General, y aseguró que esa acusación “no consta en ningún expediente”.

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Por último, la AFA remarcó que la IGJ emitió certificados de vigencia y domicilio entre 2017 y 2024, dejando constancia de que la institución se encontraba al día con sus obligaciones. En ese sentido, subrayó que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y cuestionó al organismo nacional por realizar imputaciones públicas sin respaldo documental.

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