La noticia sobre la posibilidad de que un fallo judicial pueda afectar la continuidad de Diario Popular tuvo amplia difusión en varios medios de comunicación y también en el mundo político

La noticia sobre la posibilidad de que un fallo judicial pueda afectar la continuidad de Diario Popular tuvo amplia difusión en varios medios de comunicación y también del mundo político. Cabe señalar que están en riesgo numerosas fuentes de trabajo como así también la garantía constitucional de la libertad de prensa.

Hasta la propia Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reciente reunión en Colombia, manifestó su preocupación por la resolución judicial que puede amenazar la continuidad del medio periodístico y “‘la subsistencia de una voz informativa”.

El tema fue noticia relevante en varios medios. Así por ejemplo, Infobae publicó un artículo con el titulo Por un polémico fallo judicial peligra la continuidad de Diario Popular y hace un detallado reconto de todo el litigio y las consecuencias si se avala a la demanda.

La Nación señala, por su parte, ‘Respaldo de la SIP a la continuidad de los medios periodísticos’ y destacada el informe en el que se señala ‘en su informe de la reunión de medio año que se realizó este fin de semana en Cartagena de Indias, Colombia, la SIP destacó el caso de Impreba, la editora del matutino Diario Popular, que denunció que a raíz del reclamo judicial de un particular por honorarios jurídicos, ‘y a partir del intento de aplicar fórmulas de determinación de deuda alejadas de la realidad económica, existe el riesgo de que se termine consagrando un virtual abuso confiscatorio sobre el patrimonio de la empresa’.

Clarín, en tanto, también destaca el informe de la Sociedad Iberoamericana de Prensa (SIP) y el apartado referido a la situación de Diario Popular un fallo que atentaría contra su continuidad, así como el peligro para cientos de trabajadores. La Política On Line señala que ‘Un fallo judicial podría causar el cierre de Diario Popular’ y agrega: ‘los intereses en dólares reclamados por honorarios de un abogado ponen en peligro la subsistencia del medio’.

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La nota también agrega que ‘el caso es de suma gravedad porque pone en riesgo la viabilidad del medio y con ello la consecuente pérdida de numerosas fuentes de trabajo. La situación incluso fue advertida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reciente reunión en Colombia, donde manifestó su preocupación por la resolución judicial que puede amenazar la continuidad de Popular y ‘la subsistencia de una voz informativa’.

La agencia Noticias Argentinas explica que ‘Un fallo irracional, con tasa confiscatoria, amenaza a Diario Popular’ y acota:’un fallo irracional podría provocar el cierre del histórico Diario Popular, situación que fue advertida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su reciente reunión en Colombia, donde manifestó su ‘preocupación’ por la resolución judicial’. Varias radios como Radio 10, Del Plata y otras se hicieron eco en sus diferentes y prestigiosos programas de la situación en la que se ve afectado Diario Popular.

También Diario Crónica refleja la información con un título que dice: Diario Popular, en peligro. En tanto, el precandidato a presidente, Daniel Scioli, retuiteó en su cuenta de twitter el artículo publicado ayer por el portal informativo Infobae, en el que hace mención al fallo judicial y sus consecuencias, Diego Bossio, en su tuit dijo: ‘El Estado Argentino debe velar por la libertad de expresión y los puestos de trabajo que pone en peligro este fallo. Un abrazo muy grande a todos los que hacen @populardiario’

Cabe señalar que el reclamo judicial de José Carlos Arcagni, un particular por honorarios jurídicos, y a partir del intento de aplicar fórmulas de determinación de deuda alejadas de la realidad económica del país, existe el riesgo de que se termine consagrando un virtual abuso confiscatorio sobre el patrimonio de la empresa Impreba, editora de Diario Popular.

El fallo en primera instancia, desconoció el pago que había recibido el demandante y también la legislación vigente (que impone regular los honorarios profesionales en pesos), fijando una suma en dólares en base a una estimación insólita del paquete accionario, muy superior al valor real de la empresa. Pero lo que más inquieta de la situación es la insólita pretensión, abusiva y confiscatoria, de querer aplicar un interés mayor al 30 por ciento anual en dólares a una sentencia, cuando en realidad no supera el 1 o 2 por ciento anual. Según pretende el demandante, la deuda superaría ampliamente el valor actual de la empresa.

Ahora, se espera un pronunciamiento judicial de la Cámara Civil de Apelaciones Sala J, integrada por las juezas Beatriz Alicia Veron, Marta del Rosario Mattera y Patricia Barberi. Desde la empresa se confía que el fallo resguarde el sentido de justicia, ya que de no hacerlo se perderían puestos de trabajo y se afectaría la garantía constitucional de la libertad de prensa.

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