Es alrededor del 50% de los empleados del sector. Alejandro Amor, presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, pidió que "el blanqueo empiece por el Estado".

Alrededor de medio millón de trabajadores municipales de todo el país se encuentran precarizados y con empleos en negro, que en los peores casos llegan a dos mil pesos por mes, por lo que los Defensores del Pueblo argentinos impulsan que haya “un blanqueo, un pase a planta permanente y una equiparación salarial” para corregir la situación de estos empleados.

La estimación fue realizada por Alejandro Amor, presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), quien reveló a DIARIO POPULAR que “en promedio, se trata del 50% del total de los municipales del país” y detalló: “La mitad está en planta permanente, pero el resto no. Se dividen en locaciones de servicio, locaciones de obra, pasantías, becas, planes sociales o cooperativas contratadas”.

Para resolver el panorama de precarización, Amor exigió que “debería sancionarse una ley de carácter nacional que fije el piso salarial y permita discutir mejoras salariales en cada provincia”, al tiempo que cuestionó el rol del gobierno: “Le propongo al ministro de Trabajo Jorge Triaca que empecemos el blanqueo por el Estado, que es el que tiene que dar el ejemplo, para después pasar a los sectores privados”.

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Al ser consultado por el piso salarial de los municipales, explicó que “en promedio son los más bajos desde La Quiaca hasta Tolhuin y es por la alta concentración de trabajadores informales”, aunque hizo foco en un hecho puntual: “En Trelew, Chubut, hay empleados que trabajan siete horas por día, con la misma jornada y responsabilidad que el resto, pero ganan entre 2 mil y 3 mil pesos al mes”.

El también defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aclaró que es difícil precisar el techo de los sueldos, ya que “en cualquier capital de provincia, la municipalidad tiene montos muy superiores a los del interior de esa misma provincia”.

Por eso, cargó en la complejidad del tema: “Además de coparticipación entre Nación y Provincia, tenés entre Provincia y Municipios. Ahí comienzan las complejidades, porque es diferente en todas las municipalidades de la Argentina, hasta dentro de una misma provincia”.

En ese sentido, resaltó que las dependencias comunales representan al “empleador con más trabajadores en negro de la Argentina ”, aunque valoró que en Capital Federal, donde hay unos 146 mil, “no se da de la misma manera porque hay un altísimo porcentaje de trabajadores estables”.

Acerca de esta desprotección, Amor resaltó que “en casi todas las provincias hay leyes de paritarias municipales. El problema es que no se convocan o se convocan y no tienen el fin que se espera, que es el de encontrar un común denominador”.

Municipal porteño desde los 18 años, el abogado insistió en que “es imprescindible llevar a cabo el blanqueo de los trabajadores municipales de toda la Argentina” y aclaró: “Esto significa el pase a planta permanente, que deberá hacerse considerando las provincias y las capacidades de cada municipio, pero debe hacerse porque cada trabajador tiene derecho a tener acceso a una obra social y a una jubilación”.

“En una situación como la actual, no solo tenés inestabilidad sino una desigualdad salarial en el mismo lugar de trabajo. Debe terminarse con la precariedad porque genera incertidumbre, inseguridad y conflictividad”, agregó Amor, mientras postuló: “Se necesita establecer un criterio salarial único que sea progresivo y que empareje hacia arriba, que permita trabajadores estables y preparados. Lo peor que puede pasar es no analizar los problemas y no resolverlos. Pensar que el tiempo lo soluciona es simplemente confiar en la suerte. Y la suerte no resuelve problemas”.

Con respecto a las responsabilidades, el titular de ADPRA valoró que “desde el gobierno nacional se ha planteado una política de blanqueo y creo que hay que llevarla adelante, particularmente en este sector, mientras que los gobiernos provinciales deben llevar adelante los procesos paritarios con total responsabilidad haciendo participar a intendentes y representantes de trabajadores, buscando equilibrio en los niveles salariales”.

Sin embargo, hizo un paréntesis a la hora de hablar de los jefes de cada distrito. “Tienen una tendencia a tomar las decisiones por su cuenta y convocar a los gremios les puede significar una molestia. En vez de sentarse a negociar y que cada parte ceda un poco, hay intendentes que tienen miedo o prepotencia y buscan imponer condiciones salariales por medio de un decreto. Si hay una imposición, la última solución está en la calle porque al trabajador lo único que le queda como recurso es el conflicto”, resaltó.

Sobre esta conflictividad, que deriva en cortes de calle o paros, advirtió: “Es el último lugar a donde hay que ir, pero cuando se vulnera un derecho es el lugar al que hay que ir irremediablemente. Uno no tiene que reprocharle a alguien que está haciendo un conflicto, sino primero preguntarle qué origen tiene ese conflicto”.

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