Prefectura Naval intimó a los trabajadores a levantar el paro

La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.

Ante la profundización del impacto económico por el paro que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina (PNA), en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.

La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.

El impacto de la medida de fuerza se siente con especial fuerza en el polo agroindustrial del Gran Rosario, que abarca las terminales de San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín. Allí, unos 140 buques graneleros permanecen fondeados a la espera de turno, lo que genera demoras y costos extraordinarios en el corazón de las exportaciones agrícolas. La protesta afecta también a un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que quedó detenido fuera del muelle sin poder ingresar.

La medida de fuerza afecta los puertos del Gran Rosario.

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Los prácticos desempeñan un rol clave para la seguridad del transporte marítimo y fluvial en zonas de complejidad geográfica, como los canales de acceso, el río Paraná y el Río de la Plata. Su conocimiento sobre corrientes, profundidades y maniobras resulta indispensable para garantizar la navegación sin riesgos de las grandes embarcaciones que trasladan la mayor parte del comercio exterior del país.

El detonante de la crisis fue la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma sustituye la reglamentación vigente desde 1991 e introduce transformaciones: elimina los límites de cupos para la inscripción de nuevos profesionales, autoriza a los armadores a contratar el servicio de manera directa, fija topes a las tarifas mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y habilita a que ciertos capitanes naveguen sin asistencia si acumulan suficiente experiencia previa en una ruta.

La protesta es contra un decreto impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger.

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Desde el Poder Ejecutivo argumentan que estas reformas permitirán reducir costos logísticos, fomentar la libre competencia y desarmar distorsiones históricas en el sector, caracterizadas por barreras de entrada que encarecían la cadena de exportación. Sin embargo, los trabajadores ven amenazadas sus condiciones laborales y la propia seguridad operacional de las vías navegables.

Para mitigar los efectos del freno operativo, el propio decreto faculta a la Prefectura Naval y a la Armada a intervenir en la prestación del servicio en casos de emergencia. En tanto, las embarcaciones destinadas al transporte de petróleo y gas continúan operando normalmente para evitar desabastecimientos energéticos locales.