Miguel Olmedo tenía 64 años y enfermedades preexistentes. Su familia denuncia que la empresa donde trabajaba lo obligó a reincorporarse a sus tareas y en la Villa 31 se contagió de COVID-19 y falleció. Hoy se sumó una nueva muerte de un compañero suyo. La hija presentará una demanda contra la empresa y el Gobierno de la Ciudad representada por Matías Morla

Las muertes por el coronavirus en Argentina ya superan las 700 y de a poco comienzan a individualizarse cada uno de esos fallecimientos. En las últimas horas se supo de la muerte de Miguel Angel Olmedo, un trabajador de la empresa de seguridad Murata, quien fue intimado por la compañía a sumarse al trabajo cuando estaba amparado por el decreto presidencial que lo eximía por tener más de 60 años y enfermedades prexistentes. Ahora a su caso se suma el de Juan Campos, quien trabajó con Olmedo, y según contó a DIARIO POPULAR, Nidia, la hija de Olmedo, hay más contagiados. “La empresa no cumple con los protocolos de salud obligatorios. A partir de la muerte de mi papá comenzaron a tomar medidas más estrictas y mandaron a los empleados mayores de 60 años a sus casas, pero para eso a mi papá lo tuvimos que enterrar”, cuenta la mujer.

Por estas horas la familia se presentó en el estudio de abogados del doctor Matías Morla para iniciar acciones legales. “Vamos a iniciar una causa penal contra la empresa por violar el decreto presidencial, pero también accionaremos contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra la clínica donde se atendió Olmedo”, aseguró Morla. Miguel Angel Olmedo estaba de vacaciones y debía reincorporarse a la empresa cuando el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento obligatorio el 20 de marzo. En un primer momento Murata le permitió quedarse en su casa pero cuando la cuarentena se extendió no solo lo intimaron a que se reincorpore al trabajo, sino que le descontaron los 14 días que él se había quedado en su domicilio. “Mi padre tenia 64 años, un síndrome coronario e hipertensión. La empresa nunca tomó nota de eso y violó la normativa presidencial. Lo obligaron a volver al trabajo y lo sacaron del cementerio de La Recoleta, que era donde trabajaba, y como “castigo” lo mandaron a la Villa 31. Ese fue su certificado de defunción”, dijo Nidia. Es que en la 31 los contagios se duplicaron y no solo alcanzaron a los residentes, sino también a aquellos que trabajaban en el lugar y entre ellos Olmedo.

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“La clínica que atendió a Miguel Angel Olmedo también deberá explicar porqué demoraron los testeos de Covid teniendo en cuenta que los síntomas que él tenía se vinculaban con la enfermedad y es por eso que vamos a iniciar las acciones correspondientes”, dijo a DIARIO POPULAR Marcelo Trimarchi abogado del estudio de Morla. La hija de Olmedo relató la pesadilla que le tocó vivir. “El 12 de mayo mi papá empezó con síntomas que nos alertaron de un posible contagio. El 15 de mayo vino el médico a mi casa y a partir de los síntomas dijo que por protocolo lo tenían que llevar y solo. No nos dijo nada más, ni la clínica a la que lo iban a llevar ni nada. Por falta de camas el quedó internado en la Clínica Boedo, de Lomas, donde iba a estar unos días y en ese lapso una doctora, que parecía algo confundida, confundida nos dijo que estaba bien y después preguntando mas de sus síntomas, nos dice que estaba con neumonía atípica. El 19 nos avisan del resultado positivo del test de Covid y ahí avisamos a Murata para que tomen medidas con sus compañeros que estuvieron en contacto con él. La empresa supuestamente dijo que lo iba a trasladar a una clínica mejor pero mi papá siguió en Boedo. El 26 de mayo pasó de estado estable a grave y ahí se pidió el traslado que se demoró por temas burocráticos y el 28 falleció”, contó la hija.

Hoy la empresa tiene ya dos muertos entre sus trabajadores e investiga el posible contagio de más compañeros de Olmedo y Campos. Son las primeras demandas que se inician a una empresa por obligar a un trabajador a reincorporarse a sus tareas cuando un decreto presidencial lo amparaba de no hacerlo.

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