En la anteúltima entrega de esa serie de columnas dominicales sobre el cargo que se suele agregar a las cuotas de servicios o productos que se abonan con cierta periodicidad (mensual en general) ante el atraso del pago, vamos a profundizar, siempre tomado del prestigioso sitio digital "justicia colectiva", las consideraciones sobre ilegalidad de dicha actitud por parte de la empresa.

Tomando ya los antecedentes de las entregas anteriores donde queda claro que la inclusión de un monto equis de dinero por una tarea que decide o dice emprender la empresa por su cuenta, es injusta para el consumidor y viola la normativa que protege a los usuarios y consumidores en nuestro país.

Para realmente comprender la abusividad de estos cobros, hay que partir de un punto al que pocas veces se le da importancia: estas gestiones de recupero de acreencias por parte de las empresas resultan ser optativas. Es decir, que las actividades no resultan insoslayables para ejecutar los créditos de los deudores morosos, ya que en la gran mayoría de los contratos pactados (para no decir en la totalidad), se establece la mora automática ante el vencimiento en el pago de las obligaciones, al igual que el nuevo Código Civil y Comercial establece como principio la mora automática (art. 886).

Entonces, si estamos ante una actividad meramente facultativa para lograr el cumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores, resulta improcedente la traslación de los gastos que se pudieran llevar a cabo para lograr ese cometido. Tales tareas, repito, optativas, constituyen una actividad que forma parte de la estructura organizativa de los proveedores y como tal, el costo de la misma debe ser absorbido o soportado por ellas en su totalidad.

Con esta lógica, las empresas que imponen estos conceptos podrían trasladar a los consumidores el precio del alquiler de sus locales ubicados en los distintos puntos del país, o pretender que abonen proporcionalmente el costo del pago de los sueldos de las personas que trabajan en las distintas sucursales ubicadas en todo el país. En fin, no existiría límite alguno para la creación de nuevos conceptos que importen trasladar los costos internos a sus clientes.

Por otro lado esta opción ni siquiera es posible por fuera del régimen protectorio de los consumidores. Siendo en realidad estos gastos una elección del proveedor, y totalmente innecesarios para obtener el cobro de las deudas, son plenamente equiparables a los gastos suntuarios (art. 751, 753 y 1934 inc. f del CCC), no pudiendo -al igual que aquellos-, ser requeridos por quien en ellos hubiera incurrido (art. 1211 y 1938 del CCC).

La pregunta obligada: ¿está permitido esto en nuestro sistema legal? La solución negativa se impone y se la encuentra, nuevamente, en el mencionado inc. b) del art. 37 de la LDC. Los consumidores no tienen la opción de liquidar este tipo de conceptos (como sí lo hace el proveedor), al igual que tampoco se les otorga en los contratos -generalmente de adhesión-, el derecho a recuperar los gastos por la mora del proveedor extrajudicialmente.

Si coincidimos en que las tareas de recupero de cobros extrajudiciales no son necesarias, sino que son meras opciones de los proveedores, lo cierto es que el traslado de esos costos, importa ampliar los derechos de una parte (la predisponente) en perjuicio de la otra, quedando inmersos dentro de la prohibición del artículo antes mencionado. Acá agregaría algo de la inversión de la tutela preferente.

En síntesis, la cuestión no pasa por averiguar si lo que gastan las empresas en recupero de créditos es más o menos de lo que recuperan por los cargos por gestión de cobranzas. La cuestión fundamental pasa por sostener la imposibilidad de trasladar estos cargos internos e innecesarios, a los consumidores.

Cláusula penal y reciprocidad: Imaginándonos que pudiera querer tomarse estos conceptos como una sanción, o con un plus sancionatorio a los gastos supuestamente efectuados, veremos que el cobro de un concepto punitorio también tendría fuertes condicionamientos.

En principio, es plenamente posible en nuestro ordenamiento jurídico, la estipulación de sanciones punitorias ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, aún en las relaciones de consumo. Pero lo que no es posible en ningún caso, es el cobro de, por ejemplo, intereses punitorios paralelamente a una sanción punitoria fija (como han hecho durante bastante tiempo los emisores de tarjetas de crédito).

Hay un argumento contundente que restringe esta posibilidad, y tiene que ver con la necesidad de que existan condiciones equitativas en estos contratos, tal como lo establece el art. 42 de nuestra Constitución (condiciones de trato equitativo entre proveedor y clientes) y 8 bis de la LDC.

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