Hay violencia obstétrica contra presas embarazadas

Un informe

Estos y otros datos surgen del informe sobre violencia obstétrica en los lugares de enciero, que recomienda “se tomen medidas alternativas a la privación de la libertad para las mujeres embarazadas y con hijos pequeños” El trabajo fue elaborado por la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

“Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad”, es el título del documento, en el que se acentúa que “es una modalidad particular de discriminación y de violencia de género que afecta de manera transversal al conjunto de las mujeres en el embarazo, el parto y el posparto. Las presas, sin embargo, pueden sufrirla de una forma exacerbada, porque el encierro carcelario implica restricciones sustantivas para el goce de los derechos reconocidos y una mayor exposición a la violencia institucional”.

El estudio

El estudio consistió en encuestas y entrevistas en unidades penitenciarias que alojan embarazadas o con hijos menores de cuatro años. Su análisis muestra formas específicas de maltrato ejercidas por la institución penitenciaria y de salud, vinculadas de forma directa con la condición de mujer privada de su libertad y ratifica la necesidad de replantear la política criminal y penitenciaria actual respecto de las mujeres. “La forma más extrema de violencia detectada, tanto obstétrica como institucional, puede encontrarse en la dimensión de vigilancia y seguridad. Es alarmante que en la actualidad se continúen aplicando medidas de sujeción sobre mujeres embarazadas, y más grave aún resulta su utilización durante los procesos de preparto y parto”, especifican.

Los principales datos que arroja el informe es que “la gran mayoría de las mujeres encuestadas (94%), inició el trabajo de preparto en la unidad penitenciaria y buena parte de ellas (casi el 76%), lo hizo en su pabellón de alojamiento”. También que “el horario nocturno es identificado como un punto crítico para la atención de salud no sólo al momento del trabajo parto, sino también en relación con la atención médica de los/as niños/as que conviven con sus madres en prisión”. En tal sentido, un 30% de las relevadas manifestó haber sido atendida por un/a médico/a de una especialidad distinta a la obstetricia.

Además, el 85% expresó haber experimentado durante el trabajo de parto realizado en el penal algún tipo de maltrato verbal de parte del personal penitenciario. Tal como “la presencia de una multiplicidad de intermediarios que burocratizan y, por ende, retardan la salida de las mujeres al hospital: personal de requisa, médicos/as, área de judiciales, entre otros”.

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“En el 15% de los casos las mujeres entrevistadas manifestaron que transcurrió entre media hora y una hora desde que se observó la necesidad de trasladarla al hospital hasta llegar al centro de salud, y en el 9% de los casos este período duró entre una y dos horas”. Si bien un 72,7% de las mujeres informaron que fueron conducidas a los hospitales en ambulancia, debe advertirse que el 18% mencionó que fueron transportadas en un camión de traslado y en el 6% de los casos restantes fueron trasladadas en otros móviles (como un patrullero o colectivo de visitas).

Al mismo tiempo, en 42,4% de los casos las mujeres refirieron no haber tenido privacidad; en el 75,8% de los casos se refirió la presencia de personal penitenciario. Y pudo observarse que si bien en la totalidad de los casos analizados las mujeres fueron acompañadas por personal penitenciario femenino, en el 79% de ellos también asistieron agentes masculinos.

Con relación al posparto, la Ley Nro. 25.929 establece que las mujeres tienen derecho a tener contacto de manera inmediata con sus bebés. Sin embargo, en este estudio se destaca una altísima proporción a las que se les impidió conocer a sus hijos/as hasta después de 3 horas de ocurrido el nacimiento (21,2% de las encuestadas).

El estudio, además, mostró llamativos índices de internaciones en neonatología (36,4% de los casos), por razones que no siempre fueron debidamente informadas. Y que un 20% de las mujeres se sintió discriminada en el hospital por su condición de detenida.