La Justicia habilitó la reapertura parcial de La Salada

La medida alcanza a los tres predios principales que integran el popular polo comercial: Punta Mogote, Urkupiña y Cooperativa Ocean. Pero el fallo no implica una reapertura inmediata ni libre de condiciones. Por el contrario, se estableció un conjunto de requisitos estrictos orientados a “garantizar el desarrollo comercial y laboral lícito”.

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Entre las condiciones centrales para la reapertura, se destacan:

Regularización laboral de todos los trabajadores.

Prohibición expresa de venta de productos falsificados.

Bancarización total de las operaciones comerciales para evitar el uso de efectivo.

Registro formal de cada puesto con contrato de locación.

Identificación individual de cada responsable.

Presentación mensual de informes contables ante el Juzgado y la fiscalía.

Para asegurar que las nuevas disposiciones se cumplan, se designará un interventor con peritos especializados, y habrá fiscalización permanente por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP- y del Ministerio de Trabajo.

Contexto judicial: una feria en la mira

La clausura original de La Salada fue consecuencia de un megaoperativo realizado el 22 de mayo, en el que se efectuaron más de 60 allanamientos y se detuvo a 16 personas imputadas por lavado de dinero, contrabando, evasión fiscal y asociación ilícita. Entre los detenidos está Jorge Castillo, conocido como “el rey de La Salada”, quien continúa bajo arresto preventivo.

Durante las semanas que siguieron al operativo, se sucedieron múltiples reuniones entre la Justicia federal, los gobiernos nacional, bonaerense y municipal, y los representantes de los feriantes. En esas conversaciones se consensuaron las nuevas condiciones para habilitar la actividad bajo un esquema formal y controlado.

La fiscal del caso, Cecilia Incardona, también avaló la reapertura tras verificar que se cumplieran los requisitos exigidos, en particular aquellos vinculados al blanqueo generalizado de las operaciones comerciales y la implementación de medidas antifraude.

“Deberá la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal interviniente determinar la fecha y oportunidad en que se lleve a cabo la apertura comercial de los predios en forma total o parcial”, señala la resolución del juez Armella, que deja en manos de Incardona el cronograma concreto para el reinicio de la actividad.

Venta informal y tensión en las calles

Durante los días que siguieron a la clausura, algunos feriantes -en muchos casos informales o sin puestos asignados- comenzaron a vender sus productos en la vía pública en inmediaciones del complejo. Perchas, carteles y exhibidores improvisados poblaron las veredas de Lomas de Zamora mientras crecía la tensión entre comerciantes, vecinos y autoridades.

Fuerzas de seguridad realizaron un nuevo operativo en las cercanías de La Salada y secuestraron prendas de vestir presuntamente con marcas falsificadas, aunque los vendedores desmintieron tal acusación y denunciaron una actitud persecutoria.

La Salada, históricamente señalada como epicentro del comercio informal, ha sido objeto de controversia política y judicial durante más de una década. Acusada por sectores empresarios de competencia desleal y por el Estado de ser un nido de evasión, la feria se convirtió también en una fuente de subsistencia clave para miles de trabajadores, especialmente en contextos de crisis económica.

Un modelo en revisión

La decisión judicial que habilita la reapertura de La Salada se inscribe en una estrategia más amplia de “formalización progresiva” del comercio popular, en línea con lo reclamado por organismos de recaudación como ARBA y ARCA.

“Los feriantes que cumplan con los requisitos tendrán la posibilidad de volver a trabajar, pero deberán adaptarse a un nuevo esquema legal y fiscalizado”, explicaron fuentes cercanas al proceso.

Por el momento, no se fijó una fecha oficial de reapertura, aunque se estima que ocurrirá en los próximos días, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos dispuestos por la Justicia y la fiscalía.

La reapertura de La Salada no solo será una prueba para sus administradores y puesteros, sino también para la capacidad estatal de fiscalizar, ordenar y blanquear una de las ferias más grandes e influyentes del país, que mueve millones de pesos por fuera del circuito formal.