"No partimos de sospechas, queremos verificar la transparencia de los ingresos porque no tenemos certezas de los números", aseveró el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía
Con el objetivo de "conocer los ingresos y egresos" de la empresa Coviares, concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata, la Provincia decidió la "intervención administrativa temporal" de la firma.
El encargado de anunciar la decisión fue el ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, quien en declaraciones radiales sostuvo: "No partimos de sospechas, queremos verificar la transparencia de los ingresos porque no tenemos certezas de los números".
Además, aseveró que el Gobierno tiene la obligación de controlar y hacer "que se cumplan los contratos vigentes" así como también tiene la "responsabilidad" de otorgar la "concesión de la autopista, la operación, mantenimiento y expansión".
De esta manera, y tal como explicó el ministro, la Provincia tiene la atribución de "controlar y hacer que se cumplan los contratos vigentes o reformularlos para que se cumpla con los objetivos que la provincia marca en función de los reclamos de los usuarios sobre cómo debe ser la transitabilidad".
Arlía sostuvo que se debe mejorar el estado de la traza de la autopista, así como también realizar modificaciones en cuanto a la expansión y comenzar la construcción de la tercera vía. "Este año queremos tener al menos el tramo de Quilmes a Hudson", afirmó.
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