Conocé los aspectos centrales del nuevo proyecto que busca actualizar la ley 24.240

(1ra. Parte) La Argentina cuenta con una potente herramienta jurídica, vigente desde el año 1.994, que es la ley 24.240 de Defensa del Consumidor; y señalamos en muchas oportunidades en esta columna dominical, que el principal problema del consumidor, es la efectiva implementación de los derechos que dispone, y no tanto de la inexistencia de normas. Tal es así que esa ley original, fue renovada en diversas oportunidades, la última con la sanción de la ley 26.361, que le agregó conceptos novedosos como la multa civil, el daño punitivo, el daño directo, la ampliación del concepto de ‘consumidor’ y el trato abusivo entre otras cosas.

Nuevamente existe una intención de modificarla, y si bien es auspicioso que las normas de actualicen y mejoren, hay que reiterar hasta el cansancio que el esfuerzo debe estar en la efectiva vigencia de los derechos existentes. Dicho esto es útil señalar los aspectos centrales del nuevo proyecto en una excelente síntesis que realiza Matías Ferrari en su sitio www.ceroliniferrari.com.ar, en dos entregas semanales

En diciembre del 2018 fue elevado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Producción y Trabajo de la Nación, el Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor (LDC). El Anteproyecto aspira a realizar una reforma integral de la LDC y, en consecuencia, trae consigo una gran cantidad de modificaciones sustanciales a los institutos clásicos del derecho del consumidor, a la vez que incorpora otros nuevos y ofrece solución normativa a ciertos problemas que se presentan bajo la actual normativa.

Evidentemente, una reforma de tal calibre supondría un desafío para las empresas, en tanto deberán adaptar sus prácticas a los nuevos estándares y reglas.- Concepto de consumidor. Definido en el art. 2 del Anteproyecto, si bien mantiene gran parte de la definición brindada por la LDC y el Código Civil y Comercial de la Nación (CCN), se incorpora un último párrafo que dispone expresamente que las reglas sobre información, publicidad, prácticas abusivas y seguridad son aplicables a quien se encuentra expuesto a una relación de consumo. Asimismo -en el art. 3 del Anteproyecto- se incorpora el concepto de ‘consumidores hipervulnerables’, para quienes se acentúa el principio protectorio de la LDC y el CCCN.

-Deber de información. En lo que al proveedor respecta, el deber de información se regula en los arts. 12 a 16 del Anteproyecto. A diferencia de la LDC, la regulación del Anteproyecto es más detallada y exhaustiva, incorporando nuevo contenido a la información que debe suministrarse (por ejemplo: información sobre riesgos, incertidumbres y cuestiones ambientales en tanto fueren pertinentes, información sobre garantías y servicios de postventa y asistencia técnica, etc.) e incluyendo nuevos deberes para el proveedor, entre otras modificaciones. Trato digno y equitativo. Se mantiene el concepto general de trato digno del art. 8 bis de la LDC, no obstante, el Anteproyecto profundiza la regulación de dicho deber del proveedor e incluye un catálogo de prácticas abusivas (arts. 22). Así, se catalogan como prácticas abusivas: subordinar la provisión de un bien o la prestación de un servicio a la adquisición o contratación simultánea de otro, ejecutar servicios sin la previa elaboración de presupuesto y autorización expresa del consumidor, negar o condicionar injustificadamente la adquisición de bienes o la provisión de servicios, entre otros.o Daños punitivos.

El Anteproyecto amplía la legitimación de los sujetos habilitados a solicitar la aplicación de daños punitivos (por ejemplo: se incorpora al Ministerio Público Fiscal) y se dispone que pueden ser aplicados de oficio por el Juez. Asimismo, se dispone expresamente que pueden ser solicitados en el marco de procesos colectivos, se amplían los montos máximos de la sanción y se fija un mecanismo de actualización (a diferencia del régimen de la LDC, donde la sanción es un monto fijo en pesos). Reformas en materia contractual. Entre las principales reformas del Anteproyecto en cuestiones contractuales, cabe destacar lo siguiente:

a) se exige que la voluntad del consumidor al contratar y extinguir la relación de consumo debe surgir de manera expresa y clara;

b) se amplía el catálogo de cláusulas que se consideran abusivas (art. 47 del Anteproyecto);

c) se reformula el sistema de garantías por la venta de productos y servicios y se profundiza su regulación, así, se elevan los plazos en materia mobiliaria (se eleva el plazo de la garantía por los vicios en la calidad del producto o servicio a 6 meses cuando se trate de bienes muebles usados, y a 1 año cuando sean bienes muebles nuevos) y se articulan las garantías legales con las convencionales, entre otras modificaciones; y,

d) se explicita en materia de conexidad contractual otros efectos a los previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación.

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