Con la finalización de la conciliación obligatoria, el gobierno vuelve a temer por el riesgo de interrupciones en los vuelos.
Este viernes 16 de enero vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el conflicto entre el Gobierno y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), lo que podría abrir la puerta a nuevas medidas de fuerza que afectarían la operación aérea durante la temporada alta de verano. La tregua administrativa, que comenzó el 23 de diciembre, logró frenar temporalmente los paros del gremio, pero la resolución definitiva del conflicto paritario con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) aún no se concretó.
EANA anunció que mañana se realizará una nueva audiencia para intentar avanzar en las negociaciones y aclaró que existe la posibilidad de solicitar una prórroga de cinco días hábiles, como permite la normativa vigente. Esta extensión buscaría agotar todas las instancias de diálogo antes de que el gremio pueda retomar las asambleas o paros que afectarían el normal funcionamiento de los vuelos. Según el comunicado de la empresa, “a pesar de la actitud rígida del gremio, desde EANA se está trabajando de manera constante para garantizar la operación regular de los vuelos”, y se reafirmó la disposición al diálogo para alcanzar una solución.
El conflicto entre EANA y ATEPSA se ha prolongado durante meses y ha incluido diferentes episodios de tensión. Durante julio del año pasado, se dictó una conciliación obligatoria para desactivar protestas que amenazaban las vacaciones de invierno. En agosto se realizaron tres jornadas de paro nacional, que finalizaron con un acuerdo transitorio que estableció un aumento salarial del 15% distribuido en cuatro tramos. En noviembre, el gremio retomó las medidas con nueve días de paro focalizados en vuelos de carga y la suspensión de capacitaciones técnicas, y en diciembre llevó a cabo dos jornadas de paros que afectaron vuelos de pasajeros, lo que derivó en la conciliación obligatoria que concluye este viernes.
Además de las repercusiones laborales, el conflicto llegó a la Justicia Federal, donde se investigan dos ejes principales. Por un lado, se analiza un presunto fraude administrativo vinculado a un acta paritaria de fines de 2023 que preveía aumentos anticipados para 2024 y que no figura en los registros oficiales de EANA. Por otro lado, la empresa formalizó denuncias penales contra el gremio por acciones que podrían haber comprometido la seguridad operacional, incluyendo la colocación de elementos sindicales en las torres de control que interferirían con la visibilidad y la operación técnica.
El vencimiento de la conciliación obligatoria coloca al Gobierno en una situación delicada. Por un lado, se mantiene la postura de austeridad en el plano económico; por otro, la operación del transporte aéreo depende de controladores aéreos insustituibles. Si el gremio decidiera reactivar las medidas de fuerza, podría verse afectada la estabilidad de la aviación civil y comercial en todo el país, generando un escenario complejo en plena temporada alta.
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