Un trabajador de Atucha fue envenenado con material radiactivo

Según publicó el diario Ámbito Financiero, el hecho, inédito en la Argentina y que reviste gravedad internacional por tratarse del manejo irregular de agua pesada, se produjo el 9 de mayo en la empresa, bajo control de la estatal Nucleoeléctrica. Ese día, mientras Straschenco se retiraba de su lugar de trabajo, los detectores colocados en los portales de la compañía dispararon una alarma que daba cuenta de un grado hasta entonces no determinado de radiación.

La presencia de material radiactivo en el cuerpo del dirigente fue más llamativa por no encontrarse entre el personal autorizado para acceder al reactor nuclear. La investigación interna sigue en marcha y determinó que el empleado había ingerido agua de una botella de su propiedad que había sido contaminada. El gremialista aseguró a ese diario que el nivel de radiación hallado en su cuerpo, según los estudios preliminares, "oscila entre 130 y 180 milisieverts, cuando la medida máxima tolerada para un trabajador expuesto a la actividad del reactor nuclear es de 20 milisieverts por año".

La responsable del área de Institucionales de Nucleoeléctrica, Mabel Barbas, confirmó anoche el incidente, admitió que fue un hecho "deliberado, malicioso" contra el sindicalista, aunque sostuvo que el nivel de contaminación encontrado en su orina "es menor" y que "no representa un riesgo para su vida".

Straschenco y la portavoz de la empresa coincidieron en descartar la posibilidad de un accidente y hablaron de "un accionar malicioso" destinado a causarle un daño al gremialista.

Apenas detectada la contaminación, el trabajador fue sometido a "una asistencia médica de protocolo para poder eliminar lo más rápido posible lo que se pudiera de la radiación, y después una serie de controles" que, según dijo, se mantendrán en el tiempo hasta determinar eventualmente que no hay concentración en su cuerpo.

El dirigente explicó que en la planta trabajan unas 1.600 personas referenciadas en cuatro sindicatos, entre los que se encuentra Luz y Fuerza de Zárate, al que están afiliados 350 operarios. Barbas, por su parte, recalcó que a partir de la alarma del detector "se ejecutaron los estrictísimos protocolos nacionales e internacionales que operan en estos casos, se constató su buen estado de salud y que la misma no está comprometida, se hizo una comunicación a la Autoridad Regulatoria Nuclear y se radicó una denuncia ante el juzgado federal de Campana".

"No hay dudas de que es un hecho malevolente, deliberado, aunque no podemos saber si fue o no un atentado", amplió.