14 de abril de 2018
- 13:04
Los mandatarios firmaron el "Compromiso de Lima", un documento que incluye exigencias y medidas para fortalecer la gobernabilidad democrática, la transparencia, el control del financiamiento de los partidos políticos, la prevención actos irregulares en obras públicas y la cooperación política.
El Compromiso de Lima adoptado este sábado por aclamación por los países participantes en la VIII Cumbre de las Américas de Lima exige a los países del continente una mayor cooperación jurídica e institucional para combatir la corrupción.
El extenso y detallado documento de 57 puntos que obtuvo el respaldo de las 34 delegaciones presentes en la mayor reunión política y diplomática de América, incluye exigencias y medidas para fortalecer la gobernabilidad democrática, la transparencia, el control del financiamiento de los partidos políticos, la prevención actos irregulares en obras públicas y la cooperación política.
Los representantes, encabezados por los 17 jefes de Estado y Gobierno presentes en la reunión, consideraron que "la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho" en sus países.
También subrayaron que esas prácticas tienen "un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones" de la región.
Entre otros compromisos, los países de la región apostaron por incrementar la cooperación jurídica orientada a combatir el soborno internacional, el crimen organizado y el lavado de activos, así como la recuperación de activos vinculados al delito.
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En ese sentido, y para "avanzar en el combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros", se pidió aplicar de forma efectiva las recomendaciones en ese campo que pide las Naciones Unidas, antes de la celebración de la IX Cumbre de las Américas dentro de tres años.
En términos más generales, el Compromiso de Lima abundó en el pedido de fortalecer la gobernabilidad democrática, fortaleciendo "la autonomía e independencia judicial" y desarrollando "una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción".
También pidió garantizar la "transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión", particularmente a través del uso de nuevas tecnologías.
"Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión", fue otro de los aspectos subrayados en el documento.
También se acordó impulsar el control del financiamiento de las organizaciones políticas y sus campañas electorales, así como la exigencia de que rindan cuentas y promuevan la transparencia, así como el establecimiento de medidas que impidan la corrupción en obras, contrataciones y compras públicas.
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