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Begoña Gómez está acusada por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias por lo que tendrá que afrontar el debate oral junto con su asesora. Qué penas pidieron contra ambas.
La esposa del presidente español Pedro Sánchez deberá afrontar un juicio oral con jurado popular por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Peinado dictó la resolución contra Begoña Gómez una semana antes de jubilarse.
En un auto de 67 páginas, el magistrado mantuvo su postura de enviar a juicio a la primera dama y su asesora, Cristina Álvarez, luego de que la Audiencia Provincial de Madrid lo corrigiese al archivar dos delitos y ordenar levantar las medidas cautelares contra ambas.
"Se acuerda la apertura de juicio oral ante el tribunal del jurado", determinó Peinado, que rechazó la alegación de "ineficacia" de la defensa de Gómez, y a la que adhirió la de Álvarez, contra el escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular unificada.
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El juez señaló que ambas acusadas "deberán responder, en su caso, como responsables civiles directas y solidarias" en los términos interesados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). También decidió que se averigüe la capacidad económica de Gómez a través del Punto Neutro Judicial, emitiendo oficio a la Agencia Tributaria para que remita "sus cinco últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" (IRPF).
Peinado recordó que ambas acusadas tienen la "obligación" de estar "en todo momento a disposición" del juzgado y del tribunal que celebre el juicio, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero y comparecer "cuantas veces fueren requeridas".
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El magistrado señaló que la intervención de Gómez y Álvarez ante la UCM "no se produjo en un contexto neutro u ordinario", sino por su condición de esposa del presidente del Gobierno, que quedó plasmada en conversaciones del personal en la que la identificaban en conversaciones como "la mujer de Sánchez". Esto situó "a ambas en una posición de acceso privilegiado ante un órgano administrativo universitario, en relación con la titularidad y eventual explotación de un 'software' desarrollado en el entorno de la cátedra", agregó.
De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía piden su absolución.
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