Internacionales
El gobierno peruano se niega a pagar la cifra solicitada por Sendero Luminoso para liberar a los trabajadores secuestrados
El ministerio de Defensa desplegó a 1.500 soldados para que acordonen el centro poblado de Kepashiato, distrito de Echarate, provincia cusqueña de La Convención, cuatro días
después del secuestro.
después del secuestro.
"Las Fuerzas Armadas han desplegado 1.500 soldados, quienes han acordonado la zona con el objetivo de aislar a los narcoterroristas que mantienen retenidos a los trabajadores", señaló el ministerio en un comunicado.
El lunes pasado, los terroristas ingresaron al poblado de Kepashiato, en Cusco, 500 km al sureste de Lima, y tomaron como rehenes a los trabajadores de Skanska y de Construcciones Modulares, que se encuentran contratados para el consorcio Transportadora de Gas del Perú del proyecto de gas de Camisea.
Las empresas afectadas emitieron un comunicado en el que señalan que "confían en una pronta y segura liberación de sus 36 colaboradores", luego de que se difundiera una carta de los secuestradores pidiendo entre otros un rescate de 10 millones de dólares.
"El Gobierno no negocia con terroristas, el Gobierno actúa en el marco de la ley", dijo el ministro de Justicia, Juan Jiménez, en declaraciones ante los medios.
Por su lado, Yovana Apaza, esposa de otro de los trabajadores plagiados por presuntos miembros de Sendero Luminoso, dijo que las autoridades de la zona se desentienden del tema y no
ejecutan labores de rescate.
"Más se están dedicando a las 9 personas que están atrapados en una mina, pero no se preocupan que aquí hay entre 37 ó 40 personas secuestradas. ¿Acaso no valen igual?", reclamó Apaza,
en referencia al caso de los nueve mineros que fueron liberados el miércoles.
El lunes pasado, los terroristas ingresaron al poblado de Kepashiato, en Cusco, 500 km al sureste de Lima, y tomaron como rehenes a los trabajadores de Skanska y de Construcciones Modulares, que se encuentran contratados para el consorcio Transportadora de Gas del Perú del proyecto de gas de Camisea.
Las empresas afectadas emitieron un comunicado en el que señalan que "confían en una pronta y segura liberación de sus 36 colaboradores", luego de que se difundiera una carta de los secuestradores pidiendo entre otros un rescate de 10 millones de dólares.
"El Gobierno no negocia con terroristas, el Gobierno actúa en el marco de la ley", dijo el ministro de Justicia, Juan Jiménez, en declaraciones ante los medios.
Por su lado, Yovana Apaza, esposa de otro de los trabajadores plagiados por presuntos miembros de Sendero Luminoso, dijo que las autoridades de la zona se desentienden del tema y no
ejecutan labores de rescate.
"Más se están dedicando a las 9 personas que están atrapados en una mina, pero no se preocupan que aquí hay entre 37 ó 40 personas secuestradas. ¿Acaso no valen igual?", reclamó Apaza,
en referencia al caso de los nueve mineros que fueron liberados el miércoles.
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