La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y su Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones destacan la sensibilidad de este caso ya que se pondría en riesgo la continuidad de una empresa periodística

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), a través de su Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones, expresa su grave preocupación ante el riesgo de que por una medida judicial excesiva se ponga en riesgo la subsistencia y continuidad de un medio como Diario Popular, afectándose la expresión de una voz de fuerte tradición y la preservación de cientos de puestos de trabajo.

El caso implica la amenaza cierta e inminente de un virtual abuso confiscatorio sobre el patrimonio de la editorial Impreba SA, editora y distribuidora del Diario Popular, a raíz del reclamo judicial de un particular por honorarios jurídicos, y tras decisiones que aplicaron fórmulas de determinación de deuda alejadas de la realidad económica.

La situación se remonta al año 2011, cuando un abogado demandó al diario por la determinación de honorarios profesionales tras un acuerdo de permuta de acciones celebrado por Impreba en 2009. Pese a que el reclamo original ascendía al equivalente a 116 mil dólares, el fallo de primera instancia tomó como base para regular honorarios el valor de Impreba, que se estimó en más de 57,5 millones de dólares, muy por encima del valor real en la industria periodística, como es de público conocimiento. En base a ello, se dispusieron honorarios por 1.866.931 dólares actualizados por la tasa activa del Banco Nación. La Sala J de la Cámara Civil, en tanto, confirmó el monto de la condena, y para la actualización estableció la tasa pasiva en lugar de la activa.

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Vale destacar que estos índices de actualización se utilizan para montos expresados en pesos, no en dólares.

El abogado reclamante practicó una liquidación en dólares y aplicó la tasa que se usa para actualizar deudas en pesos, pretendiendo de esta forma la cifra de casi 6 millones de dólares. Además, solicitó que se traben embargos sobre las cuentas bancarias de la editora de Diario Popular.

Impreba destacó que dicha medida “significaría la inmediata paralización de la empresa y su eventual quiebra, con la gravedad institucional que significa la desaparición de un medio de prensa que además de cumplir una evidente función social y republicana sirve de fuente de ingreso directo a más de 260 familias cuyos ingresos dependen del diario”.

Un nuevo fallo de primera instancia hizo lugar a la solicitud de no efectivizar los embargos, dispuso que la deuda debía transformarse en pesos y a partir de allí actualizarse el monto aplicando la tasa mencionada. En la actualidad el caso volvió a la Cámara, que ahora deberá decidir si convalida o no esa decisión.

Adepa y su Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones destacan la sensibilidad de este caso, ya que a partir de un reclamo atado a fórmulas alejadas de la realidad económica del país y de la industria, se pondría en riesgo la continuidad de una empresa periodística, lo que además de su costo económico y laboral, tendría un impacto innegable en materia de libertad de expresión e información de la ciudadanía.

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