La decisión la tomó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, luego que el magistrado ordenara un allanamiento en una casa atribuida a Chiqui Tapia.

Apartaron al juez Daniel Rafecas de la causa que investiga un presunto caso de lavado de activos que involucraría al tesorero y al presidente de la AFA y a otros dirigentes del mundo del fútbol.

La decisión la tomó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que la causa la trámite en el juzgado penal económico 10 a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

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De esta manera el juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó allanar la propiedad de Pilar y, además, dispuso su embargo preventivo ante la sospecha de estar ante el delito de “lavado de activos” dejará de ocuparse el caso. Fue el mismo magistrado quien planteó que la causa debía tramitarse en el fuero Penal Económico por entender que los presuntos involucrados no son funcionarios públicos.

La medida fue tomada por el camarista de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, quien intervino en un tema de competencia.

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Todo había comenzado cuando Rafecas recibió la denuncia de la Coalición Cívica, se declaró incompetente y la derivó al fuero penal económico.

El juzgado que allí resultó sorteado no aceptó esta decisión y entonces la cuestión pasó a ser resuelta por la Cámara Federal, que ahora decidió que corresponde a penal económico.

En este contexto, Rafecas enviará el expediente al juez Aguinsky para que continúe con la causa, pero seguirá al frente del allanamiento que ordenó hoy a la mansión de Villa Rosa, Pilar, hasta que termine.

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Rafecas ordenó ya el embargo preventivo de la finca de Pilar y la inmovilización de todos los vehículos allí hallados, así como de todos los bienes muebles existentes en su interior por presumirse posible delito de lavado de activos.

El allanamiento forma parte de una serie de medidas impulsadas por Rafecas para determinar el valor real del predio y establecer si existe un esquema de ocultamiento patrimonial. El procedimiento también incluyó la revisión de un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que analizó la actividad económica y los movimientos financieros de la empresa señalada.

En su resolución, el camarista Leopoldo Bruglia concluyó que no surgen por el momento en el expediente “particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención” del fuero federal.

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