La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó ayer el informe que realiza anualmente donde detalla que "persisten las prácticas de tortura y malos tratos" en las cárceles del país

Los presos alojados en distintas cárceles del país presentaron casi 52 mil denuncias por distintas irregularidades ocurridas y/o cometidas por el personal penitenciario durante 2018, en momentos en que se llegó a un récord histórico de reclusos que profundiza el contexto de superpoblación y las consecuentes deficiencias en el hábitat, el suministro de alimentación y las condiciones de salud de los internos.

En el informe anual, que fuera presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y se eleva al Poder Legislativo, se analizó la situación en los presidios federales, en el marco de la emergencia carcelaria que se dictara el pasado mes de marzo. Además de los datos estadísticos sobre las irregularidades que se registran, se hizo hincapié en "los colectivos sobrevulnerados debido al impacto que pueden tener ciertos incumplimientos de derechos o la desatención de necesidades específicas", tales los casos de las mujeres, la población LGTB , extranjeros, discapacitados, entre otros grupos.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la PPN, Francisco Mugnolo, aseguró que el último año se recibieron "un total de 51.989 demandas de la población reclusa" y que estas denuncias por distintos episodios, vinculados con situaciones de violencia o vulneración de derechos, derivaron en que el gobierno nacional tuviera que declarar la "emergencia carcelaria" y conformar una comisión para aportar soluciones y medidas alternativas. Todo esto ocurre cuando se relevó, en el pasado mes de mayo, que se alcanzó "un récord histórico" con 14.181 personas privadas de la libertad, puntualizó la directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclus, quien calificó este panorama como "un crecimiento desmedido".

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Por su parte, el Procurador Adjunto, Ariel Cejas Meliare, destacó que "persisten las prácticas de tortura y malos tratos" y a través de la aplicación del protocolo que se aplicó, se pudieron "constatar más 500 casos durante el 2018". "Las cifras por un lado muestran la estructuralidad de un problema que requiere para su erradicación de una firme voluntad por parte de todos los actores involucrados, por otro el número se queda corto si tenemos en cuenta que muchas veces por temor a represalias no se denuncia, ni en la justicia ni en nuestra institución, este tipo de prácticas", precisó.

Las muertes bajo custodia fue otro de los ejes analizado por la PPN en la presentación de su informe. Al respecto,. Ramiro Gual, jefe de investigación de Casos de Fallecimientos en Prisión, sostuvo que "a fines del año pasado se cumplió una década de aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión y se propuso esta herramienta con el fin de identificar las responsabilidades estatales con el objetivo de contribuir a la reducción de los factores que producen este tipo de hechos. A la vez se contribuyó en generar registros fiables y exhaustivos sobre muertes en prisión".

En tanto, Mariana Lauro comunicó que se presta especial atención a los colectivos sobrevulnerados debido al impacto que pueden tener ciertos incumplimientos de derechos o la desatención de necesidades específicas. Hizo referencia a las mujeres y población LGBT+, a los jóvenes adultos, a los niños, niñas y adolescentes en centros socio-educativos de régimen cerrado, a los extranjeros en prisión y a las personas con discapacidad física o mental que se encuentran encarceladas.

Por mencionar un ejemplo, destacó que "en el último trimestre de 2018 se encontraban alojadas 37 mujeres con sus hijos y 8 embarazadas". Lauro, Coordinadora de Trabajo con Colectivos Sobrevulnerados en Prisión, resaltó a los obstáculos en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales de las personas detenidas. "Derechos como educación y trabajo a menudo se ven cercenados con el impacto que en las personas ello implica. Las afecciones en el derecho a la salud de las personas presas, tanto en lo relativo a la atención médica de patologías físicas como en lo referente al cuidado de la salud mental. Estas vulneraciones marcan la obstaculización al contacto entre detenidos y familiares, en particular el impacto de la cárcel sobre los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad".

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