El requerimiento fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz, al considerar que sus "omisiones" y "desmanejos" colocaron a la víctima en una "situación de desamparo" y librándola "a su suerte" en el marco de una internación domiciliaria "indignante".
"Cuando en rigor los controles debieron intensificarse en un desenlace para nada fortuito, a la inversa y mientras la víctima anunciaba casi a gritos su triste final por la situación de desamparado en la que lo había colocado abandonándolo a su suerte, decidieron, todos ellos, aportar toda su imprevisión con las acciones más burdas que se han visto al servicio de quien ahora ya no está", señalaron desde el Ministerio Público Fiscal en el escrito de 378 páginas presentado.
"Esa y no fue otra la realidad de lo ocurrido. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", añade el expediente que incluye a los ocho imputados ya indagados en la causa: el neurocirujano y por entonces médico de cabecera del "Diez", Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).
Todos ellos están acusados como coautores de un "homicidio simple con dolo eventual", tras concluir que el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", que sabía que el exfutbolista de la Selección argentina podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.
Más allá del calibre del delito, cuyas penas van de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados llegarán al debate en libertad.