Los tres acusados son los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el ex jardinero Armando Gómez. Hay 14 imputados y 16 víctimas.

Este lunes 5 de agosto comenzará, en Mendoza, el juicio oral por el caso del Instituto Próvolo, de Luján de Cuyo, lugar donde se cometieron múltiples abusos y torturas a chicos hipoacúsicos. Los tres acusados, que estarán en el banquillo, son los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el ex jardinero Armando Gómez. Hay 14 imputados y 16 víctimas. Se realizará con lenguaje de señas.

A Corbacho se lo imputa por 16 hechos, a Corradi por seis y a Gómez por otros seis, en una causa que tiene 10 víctimas. Corradi tiene prisión domiciliaria, mientras que los dos restantes se encuentran alojados en la cárcel de Boulogne Sur Mer. El fiscal Gustavo Stroppiana, quien está a cargo de la causa, remarcó que "decir cuánto va a durar el juicio es difícil, porque depende de la decisión del juez y qué queda de todo ese marco preparatorio".

"‪De la justicia esperamos una condena ejemplar", remarcaron desde el colectivo Sobrevivientes del Próvolo, en diálogo con la agencia Télam.‬ "La valentía de los jóvenes sobrevivientes del Instituto Próvolo de Mendoza permitió romper el cerco de impunidad institucional en el que los abusadores se amparaban por asimetría de poder", sostuvieron.‬ Es que todas las denuncias contra los curas y contra los empleados del Instituto Próvolo provienen de ex alumnos del instituto, quienes manifestaron haber tenido entre 5 y 16 años al momento en que se produjeron los abusos.

Pero también existen otras dos causas. En una, la imputada es la monja japonesa Kumiko Kosaka, por abusos y corrupción de menores por hechos propios y de terceros, quien espera el juicio bajo el régimen de prisión domiciliaria. Mientras que, en la otra, hay ocho personas imputadas: la ex directora Graciela Pascual, también con prisión domiciliaria, la monja Asunción Martínez, otros ex directivos y una psicóloga. En total, entre todas las causas, hay 16 víctimas registradas.

El Instituto Próvolo fue cerrado en noviembre de 2016 tras las denuncias de los abusos cometidos contra unos 230 niños y niñas, de las cuales 20 declararon hasta el momento en la causa.

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