La banda estaba conformada por personas detenidas en la cárcel Bouwer, en Córdoba y en todo el país. Con los llamados extorsivos recaudaron 18 millones de pesos

Tras una investigación que llevó más de seis meses, la Policía Federal detuvo al menos 19 personas -14 hombres y 5 mujeres- acusadas de integrar una banda que estafaba vía telefónica desde el penal de Bouwer, en Córdoba, como centro de operaciones.

Los delincuentes accedían a las cuentas de beneficiarios que habían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en una maniobra en la que recaudaron alrededor de 18 millones de pesos por mes.

Las detenciones fueron realizadas tras 44 allanamientos pedidos por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien encabezó una investigación de seis meses que recopiló 70 hechos cometidos por esta organización e incluyó el análisis de 6.000 llamados mensuales que realizaba la banda.

En la detallada investigación se describió que la banda estaba conformada por nueve personas que operaban dentro de la cárcel cordobesa de Bouwer, quienes realizaban los llamados extorsivos, y otros diez cómplices fuera del penal que se encargaban de realizar la logística de cobro.

Se calcula que la banda delictiva comenzó a operar desde el 26 de marzo de este año, luego de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno nacional para mitigar la propagación del coronavirus.

El modus operandi de estos delincuentes se basaba en realizar llamados a personas que eran beneficiarios del IFE haciéndose pasar por empleados de ANSES y/o de empresas multinacionales.

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Una vez que lograban obtener la atención de la víctima, la hacían dirigirse a un cajero automático y les solicitaban que modificaran las claves personales y que se las comunicaran para de esta manera vaciar las cuentas bancarias y solicitarles préstamos personales.

“Un valor promedio de estafa cercano a los 50.000 pesos (teniendo en cuenta que hay hechos que van desde los 3.500 hasta los 600.000 pesos aproximadamente) nos muestra valores estimados de 1.500.000 pesos mensuales de recaudación por operador y con mínimos costos”, describieron los investigadores en uno de los escritos del expediente.

Una vez finalizada la investigación, tras cuatro meses de cruzamientos de llamados e información, el juez de Garantías 7 de Pilar, Water Seattone, avaló el pedido del fiscal Ferrari para realizar 44 allanamientos en las celdas de la cárcel de Bouwer y en los domicilios particulares de los acusados.

Además de los nueve detenidos en el penal cordobés, se apresaron a diez imputados que realizaban la logística para los cobros y se está investigando la participación de al menos 30 personas más, que se cree que actuaron de “bancarios”, es decir, prestaron su nombre para realizar las transferencias con el dinero robado.

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