Detectan edificaciones ilegales por satélite

Un relevamiento basado en tecnología de punta le permitió a la municipalidad de Tigre descubrir que unas 70 industrias radicadas en el partido incurren en la flagrante violación de la Ley Provincial de Construcciones, al haber edificado superficies y ampliado otras sin haberlas declarado. Además lograron detectar una deuda que asciende a 20 millones de pesos en concepto de infracciones y multas. La inspección, realizada en el marco del programa de regularización y ordenamiento del Delta encarado por la comuna y que se concreta, además, a través de la combinación de imágenes satelitales, datos de registros catastrales y las declaraciones juradas de los contribuyentes, detectó solamente en los 220 kilómetros cuadrados de la primera sección de islas del Delta que corresponden a Tigre, 800.000 metros cuadrados sin declarar. Las autoridades municipales señalaron en ese sentido que el volumen de superficie ilegalmente construida en la zona insular equivale a unas 8.000 casas de cien metros cuadrados cada una, mientras que en el territorio el relevamiento puso al descubierto 250 mil metros cuadrados ilegalmente construidos. La tarea realizada desde del año pasado por la intendencia a cargo de Sergio Massa consistió en poner en marcha un nuevo software que concentra toda la información fiscal de los contribuyentes que, al ser entrecruzada con imágenes satelitales, permite detectar evasores de obligaciones tributarias y construcciones clandestinas. Puntualmente, la comuna puso la lupa para descubrir las edificaciones no declaradas en viviendas particulares, comercios, industrias y emprendimientos urbanísticos de todo el partido, lo cual significó detectar anomalías de contribuyentes afincados tanto en el territorio como en la zona insular.
Mirá para arriba, mirá
Al profundizar esa acción, señalaron fuentes del municipio, surgió “una cantidad importante de metros cuadrados de construcciones no declaradas”, así como también un número significativo de comercios e industrias que funcionaban con diferencias entre su declaración jurada y los datos obtenidos. Para poner en marcha el operativo, la municipalidad de Tigre encargó relevar en imágenes satelitales la extensión del distrito y fue así que la Secretaría de Ingresos Públicos de la comuna pudo acceder a las alturas reales de las construcciones existentes. El procesamiento de las imágenes captadas mediante el satélite GeoEye-1, cuya precisión de resolución es de 41 centímetros, también posibilitó la definición de contornos de toda la edificación sea superficie cubierta, semi cubierta, galpones, tinglados o piscinas, por ejemplo. Luego, una vez culminado el proceso de restitución realizado en base a las imágenes satelitales, la información resultante de cada una de las parcelas relevadas fue comparada con los datos existente en los registros catastrales municipales que puso en claro la diferencia, en los casos que las hubo, entre los metros cuadrados de superficie construidos y los declarados.
Sorpresa satelital
Hasta ahora, el resultado del relevamiento precisa que entre las deudas no abonadas, infracciones y multas respectivas, el monto a recuperar por parte de la comuna asciende a 14 millones de pesos sólo en la zona de islas, en tanto que el mismo procedimiento en el territorio le reporta a la intendencia otros 7 millones más. Por otra parte, la inspección efectuada logró detectar en todo el distrito a 72 empresas que violaban la ley provincial de Construcciones en lo específico de los artículos referidos al Factor de Ocupación Total 0,6, que autoriza a construir sobre un predio una superficie determinada, pero que en realidad edificaban más de lo permitido. Para entender mejor el criterio de la norma en lo que respecta al factor de ocupación, en un predio de 1.000 metros cuadrados, le ley permite construir 600 metros cubiertos pero hay industrias que, como lo detectó el relevamiento, transgredieron esa disposición. Mientras que a las industrias infractoras el municipio le aplica directamente las multas, en Tigre rige por 180 días una ordenanza municipal por la cual en función del relevamiento, los contribuyentes puedan regularizar las construcciones que no declararon.