Ex agente de prensa de Ricardo Fort dijo que no tiene "nada que ocultar"

El procedimiento se llevó a cabo anoche en una vivienda situada en la calle Niceto Vega al 5700 en el barrio porteño de Palermo por la mencionada causa en la cual hay siete los detenidos.

Si bien había trascendido que el hombre iba a ser detenido, lo cierto es que esa medida no se tomó luego de que colaborara con los investigadores.

En diálogo con la prensa luego del operativo, Rainieri comentó: "Fui a almorzar, compré unas cosas, entro a la cochera y me encuentro con la Policía, que me hace descender del auto. Les digo que me revisen y me dicen que es una orden de allanamiento".

"Me dijeron ‘cuando venga la fiscal te vamos a decir por qué es´. Llegó la fiscal, subimos al departamento y me dicen que era por una causa de abusos en Independiente. Les dí mi celular, se los desbloqueo antes porque con la tecnología Apple, si no lo desbloqueo yo no lo puede desbloquear nadie y también les di mi iPad, mis cosas y los dejé entrar a mi casa".

Asimismo manifestó: "Les dí mi celular y mi iPad para que vean que no tengo nada que ocultar. Revisaron todo el lugar durante cuatro horas y media".

Al ser consultado acerca de su vinculación con el relacionista público Leonardo Cohen Arazi respondió: "No tengo ninguna relación, solo compartimos un trabajo en Esperanto (boliche de Palermo) hace años".

Luego le apuntó a Natacha Jaitt: "El único problema que hay en este país se llama Natacha Jaitt, que siempre habla mal de todo el mundo. Me nombró porque se enoja con la gente que era amiga de ella y la ayudó toda la vida".

"Me nombró varias veces en las redes, habló mal de todos mis amigos, porque no está bien y creo que por eso me metieron en la causa", aseguró el Ranieri.

En la causa por abusos en Independiente hay seis procesados con prisión preventiva que son el árbitro de primera división Martín Bustos, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el organizador de torneos de fútbol Alejandro Dal Cin, el representante de futbolistas Juan Manuel Díaz Vallone, el estudiante Silvio Fleytas y el empresario futbolístico Alberto Ponte, cuya determinación judicial fue más reciente, el pasado 12 de junio, porque fue detenido tiempo después que los demás.

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Ponte, que se hacía llamar Tito Rey de Reyes, pasó de estar denunciado por acosar en internet a ser procesado por abuso sexual en la causa de las inferiores del club de Avellaneda.

En tanto, el juez de Garantías de Lomas de Zamora Luis Carzoglio rechazó el pedido de prisión preventiva y "estableció condiciones para otorgarle la libertad" al abogado Tomás Beldi, quien defendía a Bustos y fue acusado por la fiscal Soledad Garibaldi de encubrimiento por haber destruido el teléfono móvil del árbitro en el inicio de la investigación.

La causa se inició a partir de la declaración de uno de los jugadores de las divisiones inferiores de Independiente, quien denunció que algunos de sus compaeros eran víctimas de prácticas sexuales ejercidas por mayores de edad.

La fiscal Garibaldi logró probar otros tres hechos de chicos que pasaron en algún momento por Independiente y ahora están en otros clubes, ampliando así la lista de víctimas consumadas a 15 y teniendo aún una tarea por delante que incluiría otros 18 posibles casos, precisaron las fuentes judiciales.

Asimismo, la fiscal viajó a tomar testimonios a Córdoba, Santa Fe y Misiones y los resultados fueron considerados tan positivos que podría haber más novedades en las próximas semanas.

También se espera la reconstrucción final del teléfono celular del árbitro Bustos, que habría intentado destruir su primer abogado Beldi, y ahora está en manos de expertos en tecnología que ya confirmaron que con una máquina especial aportada por una empresa norteamericana, la tarea podría concluirse en una semana.

Este elemento puede ser vital y así lo considera la Justicia, ya que puede haber mucha información del caso vinculada al mundo del fútbol.

El juez Carzoglio, además, denegó todas las nulidades pedidas por las defensas y también rechazó las apelaciones a los procesamientos, que planteaban básicamente que si había dinero y ropa de por medio no era abuso sino una mera transacción comercial, salvo en el caso de los menores de 16 involucrados.

En ese aspecto, la fiscal había argumentado que hubo un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los jugadores abusados, todos de escasos recursos económicos y nula contención afectiva ya que estaban lejos de sus familias, y el juez le dio la razón.