Uno de los condenados por el asesinato del diputado radical Héctor Olivares apareció muerto en su celda de la cárcel de Marcos Paz. Se trata de Juan José Navarro Cádiz, que se encontraba detenido desde 2019 y cumplía una pena de 45 años de prisión por el doble homicidio del legislador y su asesor Miguel Yadón.
La familia de Navarro Cádiz fue notificada por efectivos del Servicio Penitenciario Federal, al tiempo que los resultados de la autopsia se conocerán en los próximos días. Para las autoridades del penal de Marcos Paz fue un suicidio, pero se investigarán las últimas horas del detenido y las responsabilidades de los guardiacárceles.
Luego del doble crimen, Navarro Cádiz había sido capturado en Uruguay y para lograr su extradición se fijó como condición la imposibilidad de que fuera condenado a perpetua, por lo que el fiscal Ariel Yapur encontró en el Código Penal del vecino país la pena máxima de 45 años.
El primer día del juicio, Navarro Cádiz pidió perdón a las familias de las víctimas, confesó haber sido el tirador pero aclaró que su intención fue hacer un solo disparo hacia un ombú de la plaza y por error salió una ráfaga que alcanzó al diputado y su asesor.
El crimen de Olivares (61) y Yadón (58) ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso Nacional. A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les efectuaron varios balazos.
Yadón cayó muerto de tres disparos –uno en el cuello, otro en la axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.
La clave para esclarecer el caso fueron los videos de 80 cámaras de seguridad que grabaron todo el derrotero de Juan Jesús Fernández y Navarro Cádiz esa madrugada, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, y que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal.
Si bien se especuló con que el doble crimen podría haber estado vinculado a un "atentado a la democracia" o con algún tipo de "venganza personal", el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades llegaron a la conclusión de que fue "una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser".