La iniciativa propone crear un registro nacional, exigir licencia, seguro y microchip para los animales, y establecer penas de hasta ocho años de prisión ante lesiones graves o muertes por negligencia.
Tras la condena al dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba, diputados nacionales de Provincias Unidas presentaron un proyecto para establecer un régimen nacional de tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.
La iniciativa, encabezada por Alejandra Torres y acompañada por Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo, propone crear un Régimen Integral de Tenencia Responsable con requisitos obligatorios para los propietarios y nuevas sanciones ante situaciones de riesgo.
Uno de los principales puntos es la creación del Registro Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos (RENAPPP). Los animales deberán ser inscriptos y contar con un microchip subcutáneo antes de los cuatro meses de edad.
Además, los propietarios deberán tramitar una Licencia Administrativa Local. Para obtenerla tendrán que acreditar aptitud psicológica, no contar con antecedentes penales violentos y contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños materiales y corporales que pudiera provocar el animal a terceros.
El proyecto también plantea modificaciones al Código Penal de la Nación. En ese sentido, propone incorporar figuras de Homicidio Culposo Agravado y Lesiones Culposas Agravadas, con penas de cumplimiento efectivo para quienes actúen con negligencia en la guarda del animal, por ejemplo, al permitir que circule sin las medidas de seguridad correspondientes.
A su vez, contempla una figura de peligro abstracto para quienes dejen sueltos a estos perros en la vía pública, incluso cuando no se haya producido un daño concreto. También establece multas que se actualizarían en función del precio del combustible para evitar que pierdan valor con el paso del tiempo.
Torres sostuvo que la propuesta “no va en contra de los animales”, sino que busca establecer medidas de cuidado y responsabilidad para sus propietarios. Según explicó, el objetivo es generar un marco de sanciones penales, administrativas y civiles que permita prevenir ataques y proteger a la comunidad.
El proyecto fue presentado después del fallo que condenó a José Nieto, dueño de los dos dogos que en julio de 2023 atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, de 15 años, en el barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba. La adolescente fue atacada cuando caminaba junto a su mascota y murió horas después en el Hospital de Urgencias debido a la gravedad de las heridas.
La Cámara Primera del Crimen condenó a Nieto a ocho años de prisión efectiva por homicidio simple con dolo eventual y ordenó su detención en la sala al momento de la lectura del veredicto. La sentencia es la primera de este tipo en Córdoba y tiene como antecedente nacional una condena similar dictada en La Plata por la muerte de un niño de dos años atacado por un pitbull.
El caso también derivó en cambios en la ciudad de Córdoba, donde se sancionó la ordenanza 13.321, conocida como “Trinidad”. La norma creó un registro municipal de perros potencialmente peligrosos, estableció la obligatoriedad de contratar un seguro contra terceros y obtener una licencia de tenencia, además de permitir la incautación de animales ante determinados incumplimientos.
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