Fuentes judiciales informaron que el magistrado rechazó el pedido presentado el martes por los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, quienes habían solicitado que el manager esperara el juicio de extradición en libertad

El juez federal Claudio Bonadio se negó ayer a excarcelar al representante de modelos Leandro Santos, quien es requerido por la Justicia de Uruguay en una causa conocida en ese país como ‘Prostitución VIP’, al entender que puede fugarse y podría ser condenado a una pena de cumplimiento efectivo.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado rechazó el pedido presentado el martes por los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, quienes habían solicitado que el manager esperara el juicio de extradición en libertad y hoy apelarán ante la Cámara Federal. Antes de conocerse la resolución, Santos (35) ya había sido trasladado por cuestiones de alojamiento a la cárcel de Marcos Paz desde la Unidad 28, ubicada en el Palacio de Tribunales.

En el fallo, el juez recordó que la detención del representante fue dispuesta en el marco del Tratado de Extradición suscripto con Uruguay y que se le imputan los delitos de ‘proxenetismo y explotación sexual de menores’, que tienen penas de 2 a 8 años y de 4 a 12 años, respectivamente. En ese sentido, destacó la ‘gravedad’ de los delitos y que ‘en caso de recaer sentencia condenatoria, no sería de ejecución condicional, por lo cual puede estimarse que de recuperar su libertad, intentará eludir el accionar de la justicia’.

Además, Bonadío estimó que Santos podría fugarse teniendo en cuenta el historial del caso, ya que en 2012 intentó eludir una detención de Interpol, y evaluó ‘la capacidad adquisitiva con la que cuenta, la que le permite frecuentemente egresar a otros países’, según un informe de Migraciones.

Santos, dueño de la agencia Latin American Models, fue detenido el lunes último en el barrio porteño de Núñez por Interpol Argentina tras un pedido de la jueza de Montevideo Beatriz Larrieu, especializada en Crimen Organizado.

La causa se hizo pública en febrero de 2012, cuando en Uruguay se desbarató una red de prostitución VIP y explotación sexual de menores de edad con conexiones con Buenos Aires.

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